La Ley de Teletrabajo, impulsada por el Frente de Todos, comenzará a aplicarse 90 días después de la finalización del ASPO.
Si pensamos en esta modalidad de trabajo, sabemos que no es una novedad, dado que desde hace aproximadamente 20 años las compañías del sector privado pretenden imponer esta forma de organización laboral. Durante la pandemia del COVID 19, la estrategia de los grupos económicos fue desplegar las mismas prácticas que se generalizaron y agudizaron en la década del 90. El discurso de estos sectores quedó al desnudo con el debate y posterior aprobación de la Ley en ambas cámaras.
Pretendieron disfrazar una modalidad laboral que tiene por finalidad producir aumentos en las cargas de trabajo, y forzar a lxs trabajadxres remotos a pactar condiciones menores a las que tenían sus compañerxs en los puestos de trabajo presenciales. El trabajo remoto conlleva un trabajo en soledad, con nula representatividad sindical, dejando a libre suerte los derechos laborales de sus trabajadxres.
La aprobación de la ley implica un avance dado que entre los principales puntos se destacan: derechos sindicales; el deber de las empresas que desarrollen esta modalidad de registrarse en el Ministerio de Trabajo; limitación de la jornada laboral; el derecho a la desconexión digital; las herramientas de trabajo deberán ser otorgadas, mantenidas y eventualmente reparadas por el empleador; garantizar la seguridad e higiene en el lugar de trabajo, entre otros. Un concepto innovador que incorpora la ley es la de reconocer las tareas de cuidado como un derecho laboral. En este sentido prevé, sin distinción de género, derecho a horarios compatibles para aquellas personas que tienen a cargo hijxs menores a 13 años, y/o personas con discapacidad o adultxs mayores dependientes.
Desde la derecha se arremetió contra la sanción de la ley. Por un lado, tildándola de innecesaria, y por otro ejerciendo “lobby” para generar fantasmas de que esto disminuirá las posibilidades laborales.
Está claro que el trasfondo está atado a la necesidad de las empresas de continuar ejerciendo una práctica explotadora, precarizada y con nulas posibilidades de sindicalización. Por ello celebramos la importancia de avanzar en la regularización de esta modalidad de trabajo, que se profundizó en los tiempos del ASPO.
