Este martes se llevó a cabo la reunión prevista por la Corte Suprema de Justicia (CJS). Entre los temas a tratar se encontraba el pedido de per saltum de los tres jueces trasladados a dedo por el macrismo. Durante los días previos se sucedieron diferentes hechos que dejaron en evidencia las presiones que ejerce el poder real en alianza con los sectores de la oposición, sobre la Justicia. Se montó un escenario de marchas de “ciudadanos defensores de la democracia”, quienes se movilizaron con banderas argentinas y pancartas. Otro intento más osado fue el escrache que sufrió uno de los ministros de la Corte, Lorenzetti, cuando un grupo de “vecinos” se hizo presente en su domicilio particular para exigir que se habilite el mencionado recurso. Las presiones motorizadas por sectores de JxC, con Elisa Carrió a la cabeza, dieron sus frutos. Este martes la Corte habilitó el per saltum con efecto suspensivo solicitado por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Cabe recordar que el tratamiento de este caso ya había sido efectuado por el Senado, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Casación, quienes ordenaron a los tres jueces que debían regresar a sus lugares de origen. Ahora, si bien la CSJ habilitó el tratamiento de este recurso extraordinario, aún le queda la discusión de fondo, que atañe a la validez de esos nombramientos. La CSJ quedó (una vez más) en evidencia al responder a las presiones políticas y mediáticas. Sobre esto, las declaraciones del senador del FdT, Oscar Parrilli, son precisas: “tenemos una Corte Suprema que tiene una rara medida de la gravedad institucional; casualmente las que habilitó fueron aquellas que tenían relación con la corporación judicial (…) No vi ningún per saltum en estos cuatro años vinculado a parar el desmesurado aumento de tarifas, la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso de la Nación, ni el espionaje ilegal, ni las filtraciones de escuchas que dependían de ellos mismos”. Si nos remontamos al último per saltum de la Corte contra una sentencia de primera instancia, fue en el 2013, y sirvió para declarar inconstitucional la reforma judicial que había impulsado Cristina Fernández de Kirchner.
Cada vez aparece con mayor calidad la complicidad el poder judicial con el poder real para desestabilizar a los gobiernos populares de América Latina. La derecha se va constituyendo en un bloque agresivo, donde ya no importa traspasar los límites de las instituciones democráticas. Es por ello que resulta imprescindible avanzar con medidas de fondo que permitan acompañar los cambios necesarios en nuestro país.
