Con tres presidentes en una semana, estalló una nueva crisis política e institucional en Perú. La debilidad de una democracia tutelada, sumando la pandemia y las injusticias del neoliberalismo, provocaron un levantamiento popular que fue ferozmente reprimido.
Desde la renuncia del neoliberal Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia el 21 de marzo de 2018 y la asunción de su vicepresidente Martín Vizcarra, la inestabilidad en el hermano país fue incrementándose hasta prácticamente estallar en las últimas semanas.
En Perú, un claro ejemplo de aplicación del neoliberalismo, con una informalidad laboral superior al 70% y un acceso a servicios públicos muy limitado (en especial a la salud) la pandemia hizo estragos. Las muertes cada millón de habitantes son de 1.075 al 24 de noviembre, el tercer país del mundo con más decesos en proporción a su población. Además, la economía será una de las que más caigan este año en Latinoamérica: según datos oficiales el PIB se derrumbará entre un 10% y 13%.
Esta situación fue aprovechada por otros sectores de la derecha peruana, incluyendo al fujimorismo, que consiguió destituir el 9 de noviembre al presidente Vizcarra por supuesta “incapacidad moral” y proclamar al presidente del Congreso, Manuel Merino, como la nueva cabeza del Ejecutivo. Previo a la destitución, Merino se comunicó con las Fuerzas Armadas para ponerlas al tanto de la situación. Así, durante el acto de juramentación de Merino, las calles de la capital, Lima, eran escenario de manifestaciones masivas, no solo contra el autoproclamado, sino también contra toda la vieja casta política neoliberal que viene gobernando el país desde hace décadas, incluyendo también al sector de Vizcarra y al fujimorismo. Como se temía, la represión fue brutal y las fuerzas de seguridad no tuvieron freno a la hora de disparar, herir y asesinar a por lo menos dos jóvenes.
Verónika Mendoza, presidenta del Movimiento Nuevo Perú (que participó recientemente de la asunción de Luis Arce y David Choquehuanca en Bolivia y se reunió con Alberto Fernández) y se encuentra en carrera para las próximas elecciones generales, se refirió en una entrevista a la situación: “No hay un programa común entre los que han echado al presidente, sino una confluencia de intereses particulares y corporativos. Sin embargo, detrás de los actores directos, sí que hay una serie de sectores de la ultraderecha, conservadores, neoliberales, que han sido cómplices”.
Finalmente, el 15 de noviembre, y luego de una semana de manifestaciones y represión, Merino termina renunciando a su cargo, dejando un vacío de poder que se pudo zanjar a medias con la asunción de Francisco Sagasti, del Partido Morado, a la presidencia del país. A todo esto, el pueblo continúa en estado de alerta y movilización, aunque todo indica que la batalla más importante se dará en las urnas el próximo 11 de abril.
No hay dudas que la pandemia asestó un duro golpe a la ya podrida hegemonía neoliberal y desnudó todas las injusticias y desigualdades profundizadas durante décadas. En las calles y desde los movimientos sociales, populares y de izquierda, ya se están comenzando a afianzar y unificar reclamos de avanzada hacia la contienda que se vendrá el año que viene: redactar una nueva Constitución; fortalecer el rol del Estado, sobre todo en el ámbito de la salud; reformar el sistema de pensiones en favor del pueblo; otorgar mayor accesibilidad en los créditos bancarios, sobre todo en los hipotecarios, y desarrollar un plan de viviendas; entre otras medidas. La candidatura de Verónika Mendoza, del Movimiento Nuevo Perú, es por ahora la única precandidata del campo popular que se viene perfilando en las encuestas. Es apoyada también por el movimiento Juntos por el Perú, en donde participan varios partidos y movimientos de izquierda, como el Partido Comunista Peruano y el Partido Comunista del Perú (Patria Roja).
