Ante las operaciones que intentan influir en la percepción social del gobierno, este avanza en cuestiones de envergadura económica y política: presupuesto 2021, movilidad previsional, interrupción voluntaria del embarazo y grandes fortunas, entre lo más relevante.
En las últimas semanas los medios del establishment empezaron a agitar el fantasma de que el gobierno de Alberto Fernández está preparando un ajuste contra el bolsillo de los trabajadores. Resulta curioso que quienes establecieron un cerco mediático inédito para que un gobierno verdaderamente ajustador como el de Mauricio Macri pueda seguir realizando sus fechorías y hundir al país cada vez más y más, ahora se conviertan en los paladines de los intereses populares. Pero esto no es nada más que un nuevo revestimiento discursivo fácilmente desmontable, que resulta preciso analizar punto por punto para que los argentinos y argentinas no nos comamos la curva y sigamos defendiendo el rumbo popular del gobierno que encabeza Alberto Fernández. De todas formas, la situación no deja de ser delicada. Los descalabros que dejan como saldo los experimentos neoliberales son devastadores para los indicadores sociales y ni que hablar si se le suma una pandemia que frenó la economía y puso el foco de las políticas públicas en pertrechar el sistema de salud.
El Gobierno no proyecta una disminución del gasto público para el próximo año, y planea otorgarle un lugar central a la obra pública en el proceso de reactivación pospandemia. Según lo expresan los funcionarios del área económica, el gobierno busca fortalecer el mercado interno a través de la expansión de bienes de consumo, situación que necesita de salarios fuertes y una política tarifaria razonable. El acuerdo con los bonistas privados, además, permitió liberar recursos que de otro modo hubieran ido a parar a los bolsillos de los acreedores, gracias a la postergación de plazos de pago que le permiten al país tomar aire para crecer, siempre y cuando la vacuna lo permita. En ese sentido está articulado el Presupuesto 2021, que además persigue el objetivo del equilibrio fiscal, más refuerzos a la fundamental cuestión sanitaria y proyecta un crecimiento económico del orden del 5%.
Por otra parte está la deuda que el Fondo le prestó al país para la campaña electoral de Juntos por el Cambio. Es destacable la carta enviada por el bloque de Senadores del Frente de Todxs para que esta entidad no ponga condicionamientos económicos al país y se haga cargo de tamaño acontecimiento, habida cuenta del cambio de autoridades, y entendiendo que va en contra de su propio estatuto, además de las irregularidades legales que se están investigando en el otorgamiento del préstamo.
Otro territorio en disputa es el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria que el Ejecutivo envió al Congreso. Ante la vulgata desinformativa, el propio ex vicepresidente Amado Boudou aseguró que esta nueva fórmula jubilatoria que impulsa gobierno es de similares características que la que el mismo ideó junto a Cristina en 2008, que no se ajusta por inflación, como aquella que impulsó el macrismo con el telón de fondo de una feroz represión en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos y que provocó una pérdida del 20% de los ingresos de los jubilados en cuatro años. Todo esto sin contar la destrucción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la estafa de la “reparación histórica”, que junto a los tarifazos y la carestía de los servicios públicos empobreció a los adultos mayores y todo lo hecho en materia previsional durante la década ganada, que fue mucho. Además, el discurso que esgrime la derecha y el troskismo contra la nueva fórmula, tampoco tiene en cuenta que el gasto en seguridad social crecerá con un millón de nuevos titulares de la Asignación Universal por Hijo, la ampliación de la tarjeta alimentaria y el fortalecimiento de otros programas de contención, disposiciones de orientación política poco coherentes con una política de ajuste.
También de orden económico, pero fundamentalmente político, es el debate por el Aporte Solidario y Extraordinario, que ya obtuvo media sanción en Diputados, y cuenta con la feroz oposición de las corporaciones concentradas, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Foro de Convergencia Empresarial, la Sociedad Rural o la Cámara de Comercio, quienes junto a los diarios Clarín y La Nación, cuyos ceos se incluyen en la nómina de aportantes, apoyaron los tarifazos, el recorte del gasto público y la toma de deuda, mientras encubrían una colosal fuga de capitales que nos fue llevando a esta situación.
Es que los grandes millonarios acusan al gobierno de atentar contra la propiedad privada y mermar la capacidad de inversiones en el país por impulsar el proyecto, pero no decían lo mismo cuando, vía aumento de las retenciones, financiaron con sus fondos la fallida campaña de Cambiemos, que pese a eso y a los 47.000 millones de dólares prestados por el Fondo explícitamente para la reelección de Macri, fue derrotado en las urnas gracias al voto popular.
FORTALECER EL MERCADO INTERNO
El Gobierno no proyecta una disminución del gasto público para el próximo año, y planea otorgarle un lugar central a la obra pública en el proceso de reactivación pospandemia. Según lo expresan los funcionarios del área económica, el gobierno busca fortalecer el mercado interno a través de la expansión de bienes de consumo, situación que necesita de salarios fuertes y una política tarifaria razonable.
MOVILIDAD JUBILATORIA
Según gobierno, la nueva fórmula permitirá ir aumentando progresivamente, semestre a semestre, el poder adquisitivo de los jubilados. Además, el gasto en seguridad social crecerá con un millón de nuevos titulares de la Asignación Universal por Hijo, la ampliación de la tarjeta alimentaria y el fortalecimiento de otros programas de contención.
DESENDEUDAMIENTO EXTERNO
Una parte muy importante de la deuda tomada por el macrismo fue dirigida a financiar su campaña presidencial de 2019. El boque de Senadores del FdT pidió al Fondo que por tal motivo amortice la deuda, permita estirar plazos de pago y no imponga condiciones en la política interna del país.
APORTE EXTRAORDINARIO
Ya cuenta con media sanción y finalmente afectará los patrimonios de alrededor de 12 mil ricos que reflejan su avaricia capitalista en la campaña de desprestigio y difamaciones al gobierno nacional que despliegan los medios masivos a diario.
