SÍMBOLO DE NUESTRA SOBERANÍA
YPF, otra vez la entrega
El desplazamiento de Miguel Galuccio de la dirección de la repatriada YPF corona una serie de medidas que el poder real viene implementando desde que asumió el gobierno macrista. Desinversión, despidos, desindustrialización y vuelta atrás con la política de hidrocarburos soberana impulsada por Cristina.
El desplazamiento para finales de abril de Miguel Galuccio de la dirección de la repatriada YPF, corona una serie de medidas que el gobierno macrista viene tomando en materia de energía, y es el puntapié de consecuencias severas para la economía cotidiana de los argentinos en general y para los trabajadores del sector en particular. Es el proyecto político de saqueo y entrega de nuestra Patria por parte de los grupos concentrados del poder.
El 29 de diciembre pasado Macri firmó el decreto 272/2015 que disolvió la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan de Inversiones Hidrocarburífera con la que, en julio de 2012, se implementaba la Ley 26.741 de Soberanía Energética, luego de la iniciativa del gobierno de Cristina de recuperar el 51 por ciento del paquete accionario de la empresa de bandera. De este modo, las decisiones políticas que hasta ahora habían frenado la curva descendente de la producción de gas y petróleo, pasan a la órbita del nuevo Ministerio de Energía y Minería a cargo de Juan José Aranguren, ex CEO de la Shell. Con el argumento de la caída del precio internacional del petróleo, hace pocos días se anunció que se invertiría un 25 por ciento menos en YPF, porque “tampoco es tan relevante recuperar el autoabastecimiento o la soberanía hidrocarburífera; lo que nosotros tenemos que preocuparnos es en poder recuperar la seguridad energética”, había expresado hace un tiempo el funcionario neoliberal.
Lo que ocultan tras esta declaración es su significado. ¿Será importar crudo y gas más barato, quizá a un solo “proveedor” quedando cautivos de éste, y destruir así la industria de la exploración y elaboración nacional de hidrocarburos? Quedó demostrado que nuestro país tiene la capacidad de desarrollar aún más la actividad. ¿Será exportar para maximizar ganancias ahora que la conducción de nuestra petrolera estará a cargo de un integrante de la JP Morgan, en detrimento del mercado interno? Miguel Ángel Gutiérrez es el nombre de quien no se puede esperar otra cosa, puesto que proviene de los centros financieros internacionales y defiende sus intereses.
Una de las claves de la política de hidrocarburos impulsada por el gobierno de Cristina es que, ante el traspaso de los yacimientos a las provincias merced a la reforma constitucional de 1994, el Estado nacional toma las riendas para lograr el autoabastecimiento del conjunto del país. Juega un papel decisivo en este sentido, le exige a las petroleras (intervinientes en los distintos eslabones del sector) inversiones para poder aumentar la producción y expandir la actividad hacia nuevas cuencas o yacimientos no explorados hasta el momento. Otra cuestión importante es que desvinculaba el precio del mercado interno de las variaciones del precio internacional para poder garantizar la sustentabilidad de una industria hidrocarburífera soberana en función de la reindustrialización y la creación de puestos de trabajo.
En este nuevo contexto, el Estado no intervendrá a favor de los intereses nacionales y, en particular, las provincias incrementarán su nivel de desocupación. Ya a principios de año, miles de trabajadores petroleros se movilizaron resistiendo el cierre de pozos. Entre los objetivos inmediatos de la gestión neoliberal, se pueden mencionar el recorte de los planes de inversión que pasaría de 6000 millones de dólares a 4000; la reducción del 15 por ciento de la inversión para la explotación de unidades de desarrollo y las suspensiones rotativas de los trabajadores que cobrarían el 50 por ciento del sueldo por los días no trabajados. Todo esto en consonancia con cada una de las medidas antipopulares y de entrega de nuestra Patria.
