Desde el Parlamento, fujimoristas y otros grupos de extrema derecha, como Renovación Popular, intentan condicionar al flamante gobierno o directamente destituirlo recurriendo a la ambigua figura de la “incapacidad moral”, para lo cual necesitan reunir 87 votos. El escenario de crisis que van construyendo, con el apoyo del aparato mediático y sectores de la justicia, intenta adicionar a otras bancadas y grupos de la centroderecha que todavía no se han sumado al golpe parlamentario.

En un mensaje publicado en las redes sociales del Congreso, la titular del Poder Legislativo, María del Carmen Alva Prieto, le pidió al presidente de la República que convoque a un Consejo de Estado para garantizar la estabilidad del país. El Consejo de Estado es la instancia que reúne a las más altas autoridades de los tres poderes. Es decir, al jefe de Estado, al titular del Parlamento y al presidente del Poder Judicial. Según Alva Prieto, la Mesa Directiva del Congreso, que ella preside, ha considerado la preocupación de las distintas bancadas del Parlamento respecto a los integrantes del Gabinete Ministerial. Y solicitó al jefe de Estado que evalúe un posible cambio dentro del Consejo de Ministros.

En el centro de la acometida golpista está Bellido, que fue nombrado Jefe de Gabinete y pertenece al partido de gobierno, Perú Libre. Lo acusan de terrorista y le iniciaron una causa por supuesta apología al terrorismo por unas declaraciones que consideran “condescendientes” con el extinto grupo armado Sendero Luminoso. Es una práctica común de la derecha peruana señalar como terrorista a quienes se identifican con la izquierda para buscar descalificarlos.

También han pedido la cabeza del Canciller Héctor Béjar, sociólogo de 85 años, un militante de la izquierda que participó en las guerrillas de los años sesenta, además de un reconocido intelectual y profesor universitario. En una de sus primeras acciones se reunió con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y expresó su intención de mejorar las relaciones entre ambos países. En un breve encuentro con los medios, le preguntaron si se reunirá con el embajador en Lima del autoproclamado Juan Guaidó. “No sé quién es ese señor, no lo conozco”, respondió.

Bellido debe pedir al Congreso, con mayoría de derecha, un voto de confianza para el gabinete que encabeza. Si se lo niegan debe renunciar, pero si niegan la confianza a dos gabinetes el presidente queda habilitado para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas. Por otro lado, el parlamento tiene la potestad de destituir a Castillo con la fuerza de los votos, como se mencionó anteriormente.

Entre los argumentos que esgrimen para deslegitimar a Castillo, además del derroche de macartismo liso y llano, está el de que el presidente no es más que “un títere de Cerrón”, que le ha impuesto sus ministros y está copando el Estado con la izquierda radical. Lo cierto es que, de los 19 ministros de Estado, solamente tres pertenecen a Perú Libre: Guido Bellido, Dina Boluarte y Rubén Ramírez. Los demás pertenecen a otros sectores de la sociedad civil o a otros partidos políticos como el FA.

Otro, es el de que Castillo no debe hacer un gobierno radical porque la ciudadanía sólo lo votó para evitar el fujimorismo, por lo tanto debería expresar ese voto complaciendo a la derecha, en donde se encuentra el mismo fujimorismo del que huye el pueblo peruano, paradojas de la vida. Sin embargo y aun cuando el anti-fujimorismo incidió en la victoria de Castillo, lo cierto es que representa una voluntad de transformación y cambio de los sectores más postergados de Perú. Una encuesta reciente de Ipsos señala que la mayoría de quienes votaron por el actual presidente lo hicieron “porque representaba el cambio que el país necesita” (43%) y porque “entiende mejor a la mayoría de la población” (24%); en tanto que un 27% lo hizo “para evitar que el fujimorismo llegue al poder”. De ahí el acompañamiento y la movilización luego de las elecciones y ante el ataque de Keiko.