NUEVAS MEDIDAS, NECESARIAS PERO AÚN INSUFICIENTES
Urge recomponer en serio los ingresos populares
La compañera Cristina, con su carta pública, le dio al Ejecutivo una salida política (marcando lo que se estaba haciendo mal) y, a la vez, le otorgó al presidente un preciso reimpulso para mejorar su gestión. “Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales”, manifestó la Vicepresidenta en su carta. Ante esto, a los pocos días de las PASO, el gobierno anunció diversas medidas buscando mejorar los ingresos de los sectores populares, que vienen perdiendo desde la pandemia macrista, pasando por la pandemia del COVID-19, hasta la actualidad. Aunque hoy ya en un contexto de post pandemia y con una perspectiva de crecimiento económico importante: se estima que el PIB está creciendo en torno al 8% anual. En este marco no se explica que no haya un repunte importante de los ingresos de la mayoría de la población. Si bien algunas de las medidas anunciadas son positivas y mejoran la situación que se planteaba en el presupuesto previo a las PASO, la realidad es que muchas de ellas -lamentablemente- siguen dejando sabor a poco.
Las medidas
El Salario Mínimo Vital y Móvil se incrementará en un 16% aproximado del 35% pre PASO, hasta llegar a marzo del año que viene a un aumento del 52,7% anualizado, un incremento importante pero que sigue al límite de la inflación anual, que se calcula en torno al 50%. El incremento del piso al impuesto a las ganancias también mejora la perspectiva en comparación con el macrismo, sin embargo, sigue siendo un alivio solo para una minoría de los asalariados que ganan más de 175 mil pesos mensuales. También se decidió continuar con el REPRO, una política pública en donde el Estado se hace cargo de parte de los salarios de los trabajadores en empresas en crisis (particularmente por la pandemia). En 2021, ya sin trabas al movimiento de personas y en plena recuperación, el Estado se hará cargo de parte de los salarios de sectores que continúan rezagados, en especial los relacionados a los servicios y al turismo. Los programas para transformar los planes sociales en trabajo genuino son una de las promesas clave en esta nueva etapa de gobierno, que se plantean como posibilidad real en base al crecimiento económico e industrial que estamos teniendo, ya en niveles por encima del 2019. Se plantea también un plan de jubilaciones anticipadas, en donde se permitirá obtener ese derecho a los mayores de 55 años que ya tengan 30 años de aportes cumplidos. Para los monotributistas -uno de los sectores que más sufrieron la pandemia- se ampliarán los créditos a tasa cero y se aplicará una condonación de deuda para entidades sin fines de lucro: sean clubes barriales, bibliotecas, bomberos, entre otros. También se “renovaría” el Ingreso Familiar de Emergencia 4 (IFE 4) para trabajadores informales, que recibirán unos 15 mil pesos, en principio por única vez.
Hace falta más
El costo fiscal de todas estas medidas rondará entre los 100 mil y 200 mil millones de pesos en lo que resta del año. En números podría parecer mucho, pero en realidad no lo es tanto si se toma en cuenta que el presupuesto de este año se encuentra subejecutado en 2,4 puntos del PIB (cuando éste iba a ser de 4,5) como remarcó CFK en su carta. Si cada punto del PIB son unos 420 mil millones de pesos, el número de las medidas deja un poco que desear.
Otro tema que puede afectar la incidencia de estas medias es la incapacidad de mantener controlada la inflación, en especial en los precios de los alimentos. Si bien la tasa de devaluación se mantiene estable gracias al control de cambios y la inflación mensual en el año bajó de 4 a 2,5 puntos mensuales, ésta continúa demasiado alta en comparación con los aumentos y beneficios que se plantean. Desde la Secretaria de Comercio Interior, se reunieron el pasado 27 de septiembre con los ejecutivos de las principales cadenas de supermercados para “pedirles que la recomposición de los ingresos no se traduzca en suba de precios de los bienes y servicios básicos”. Sabemos que estos pedidos de palabra nunca se concretan, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de concentración que existe en este sector. El Estado debe intervenir con fuerza en el comercio mayorista y minorista y obligarlos a competir si se quiere mantener a raya los precios básicos. El control estatal de Vicentin, una de las principales empresas exportadoras de alimentos del país, hubiese sido clave hoy en este aspecto. Lo mismo sucede con el tema de la carne, en donde se está buscando relajar el cupo de exportación, el famoso “cepo”, que había conseguido frenar los aumentos en los últimos meses.
Como planteó CFK, el gobierno debe acelerar el gasto público subejecutado e incrementar el peso de las medidas anunciadas. Por nuestro lado, creemos que el Estado debe controlar de forma directa ciertos eslabones centrales de la cadena de comercialización de bienes, en donde la actual concentración hace imposible mantener a raya los precios de los bienes esenciales.
- El Salario Mínimo, Vital y Móvil tendrá una suba de 52,7% tomando en cuenta marzo de 2021 a marzo de 2022. Este es un aumento sobre lo acordado previamente para septiembre de este año, que era de un 35%: 29.160 pesos. Con el nuevo esquema el SMVM asciende a 31.104 pesos para septiembre; 31.938 pesos para octubre (un 4% más); y a 32.616 pesos para febrero de 2022 (un 3% más). Si bien es una mejora del 16% con relación a lo acordado previamente, la inflación anualizada también se encuentra en ese porcentaje -aunque inferior a la inflación en alimentos-.
- Se eleva el piso para los asalariados que tributan el Impuesto a las Ganancias de $150.000 a $175.000 pesos del salario bruto mensual. Esto beneficiará a por lo menos 1,2 millones y medio de trabajadores (los salarios entre $173.000 y $203.000 tendrán una escala especial). Esta medida busca volver a los niveles previos al macrismo y que 1,3 millones de trabajadores dejen de pagar el tributo. Hay que recordar que durante el gobierno de Juntos por el Cambio se duplicaron los trabajadores alcanzados por ganancias. Así y todo, la medida favorecerá a sectores medios-altos pero no a la masa de la clase trabajadora. Solo el 10% de los trabajadores continuará pagando este impuesto.
- Se relanza el REPRO II (Programa de Recuperación Productiva 2) para sostener el empleo en sectores con dificultades económicas. Esta herramienta continuará beneficiando a las empresas Pymes y a sus trabajadores que más fueron afectadas por la pandemia. Los montos son variables según el sector en donde la empresa desarrolle sus actividades: los “no críticos” recibirán hasta $9.000 por trabajador; los “críticos” hasta $22.000; y lo mismo los sectores de la salud.
- Aunque todavía en papeles, se impulsará el “Plan Federal de Desarrollo de la Economía Social” para ir incorporando al mercado formal a quienes continúan cobrando planes sociales (en su mayoría mano de obra de “baja calificación”). Según datos oficiales, en la actualidad hay unos 800 mil planes que dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Durante la pandemia macrista desaparecieron 232.723 empleos formales, por lo que los planes se multiplicaron.
- Se ampliarán los créditos a tasa cero de la AFIP (con seis meses de gracia) para monotributistas. En la primera etapa estos créditos alcanzaron, en apenas tres semanas, 200.000 solicitudes por $22.000 millones de pesos, lo que da un promedio de $110.000 pesos por préstamo.
- Se aprobó el programa REGISTRADAS, que busca blanquear el empleo doméstico (uno de los trabajos más explotados e informales de nuestro país). El Estado pagará por seis meses la mitad del sueldo de las trabajadoras de casas particulares que sean blanqueadas. A cambio, el empleador deberá registrar al trabajador y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el resto del sueldo. Para esto, el Banco Nación permitirá abrir una cuenta sueldo gratuita. Según lo planteado, la inscripción será compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros planes sociales. Esto será clave para que el programa sea aceptado.
- Se lanzó un plan de jubilación anticipada, en donde se permitirá a los mayores de 55 años, si ya tienen 30 años de aportes cumplidos, a jubilarse. Todo trabajador desocupado -sea mujer con más de 55 años u hombre con más de 60-, con tener 30 años de aportes se podrán jubilar con el 50 al 80% del haber correspondiente. Y cuando alcancen la edad jubilatoria -60 años las mujeres y 65 años los varones- pasarían a cobrar el 100%. Al jubilarse en forma anticipada, esas personas pasan a tener la cobertura médica del PAMI y, en caso de fallecimiento, el derecho pasa al cónyuge. En lo inmediato se beneficiará a más de 30.000 personas con una tendencia a incrementar los beneficiarios.
- Para los sectores más vulnerables, se implementaría un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia 4 (IFE 4). Esta herramienta se destinará para trabajadores informales y monotributistas sociales, que fueron uno de los sectores más castigados de toda la pandemia. Mientras que en 2020 el IFE llegó a unas 9 millones de personas, se calcula que en esta ocasión de post pandemia llegará a unas 3 millones. En principio, este ingreso será de unos 15 mil pesos por mes por única vez, y se analizará hasta cuando se mantendrá. Los hechos demuestran que fue un error haberlo suspendido en este 2021.
- Se aprobó un proyecto de “Alivio Fiscal” para pequeños contribuyentes y monotributistas. El proyecto busca condonar deudas a entidades sin fines de lucro, Micro Pymes y contribuyentes con deudas inferiores a $100.000 pesos vencidas hasta el 31 de agosto de 2021 (sin contar las deudas en aportes y contribuciones o ARTs). Entran en la condonación las entidades sin fines de lucro, sean clubes barriales, bibliotecas, bomberos, entre otras asociaciones. A la vez, la normativa habilita una moratoria para que estos sectores puedan pagar sus deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2021: se condonan intereses y multas. Podrán regularizar sus deudas hasta 60 cuotas con una tasa de interés subsidiada.
