POR UNA REFORMA ESTRUCTURAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
¡Basta de gatillo fácil!
En las últimas semanas, a raíz de dolorosos hechos (Lucas González en Barracas y Luciano Olivera en Miramar) volvió al eje del debate público, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, el accionar de las fuerzas de seguridad. Partiendo que en CABA, en los últimos 5 años, la Policía de la Ciudad acumula 121 casos de gatillo fácil. En la mayoría de los casos, las víctimas son jóvenes de entre 15 y 25 años, mayoritariamente hombres, según datos estadísticos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). La Policía de la Ciudad fue creada en noviembre del 2016, cuando gobernaba el macrismo la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Esto no es un dato al azar, si contextualizamos cómo el gobierno neoliberal necesitó de las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier movilización popular que se planteaba como resistencia a las políticas de ajuste llevadas adelante por Cambiemos.
En estas últimas semanas se conoció que la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional, que depende del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, recibió 290 casos con indicios de violencia institucional, lo que significa un promedio mensual de 97 hechos. En el 75% hubo indicios de violencia física, en el 28% de violencia psicológica y en el 31% de otros tipos de violencia (discriminación, condiciones materiales de detención, falta de información, robo, irregularidades procesales, etc.). Durante el año 2019 -el último antes de la pandemia- la Secretaría computó un total de 1210 hechos de violencia institucional. En el 49.1% de los casos (906) se denunciaron irregularidades procesales, en el 42.6% violencia física (786 eventos) y en el 8.3% violencia psicológica (153 casos).
El problema de las fuerzas de seguridad no escapa al resto de las fuerzas. Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) las cuatro fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de seguridad Aeroportuaria) son responsables de alrededor de un tercio de muertes registradas en el AMBA. Es en este contexto, que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto por el aniversario de la creación de la policía provincial, en la Escuela Juan Vucetich, donde delimitó un nuevo posicionamiento en torno a la fuerza: “Necesítanos transformar de raíz a la Policía de la provincia de Buenos Aires”, “terminar con la impunidad y los casos de gatillo fácil; vamos a ser implacables con la corrupción y con todo incumplimiento de la normativa de Derechos Humanos”.
Recordemos que a los pocos meses de asumir el gobierno del Frente de Todxs, y en un contexto de ASPO, se llevó a cabo una huelga por parte de la Policía Bonaerense, con epicentro en la puerta de la Quinta de Olivos. Efectivos armados se reunieron en “reclamo de mejoras salariales”, en un acto de extrema gravedad institucional. En este sentido, el gobierno de María Eugenia Vidal dejo una fuerza mal paga, dado que los agentes perdieron el 25% de sus ingresos, un equipamiento destruido y miles de agentes sin formación. El gobierno provincial actual equiparó los salarios de la Policía Bonaerense con los que perciben las fuerzas federales, inversión histórica para la compra de móviles y equipos. También busca profesionalizar la carrera, dándole jerarquía universitaria a la formación. Es claro que modificar la orientación de las fuerzas de seguridad es un camino largo, que requiere decisión política e inversión, porque como nos tocó transitar en la resistencia al gobierno neoliberal del macrismo, no pueden funcionar como el brazo represor contra las protestas legitimas del pueblo, cuando un gobierno avasalla nuestros derechos.
