La disyuntiva sigue siendo la misma: FMI o Pueblo

La votación por el acuerdo con el FMI dejó en claro que hay posiciones distintas dentro del FdT. El Frente se conformó como una alianza amplia para derrotar al neoliberalismo, o por lo menos a Macri. En su seno conviven distintas visiones, historias y tensiones. No obstante, algunas ideas parecían ser compartidas. 

En particular, Cristina dejó varias definiciones durante la campaña electoral y luego de asumir como vicepresidenta. La principal tal vez haya sido la de Neoliberalismo nunca más. La consigna encarraba otras claves, como privilegiar el desarrollo productivo y la redistribución de la riqueza a través de la suba salarial y la creación de puestos de trabajo. También presuponía una estrategia en consonancia con estos objetivos la renegociación con el FMI debía darse privilegiando el crecimiento interno y llegando a una reestructuración que incluyera quita de deuda y prolongación de los plazos. Así como la apertura de un amplio debate nacional y en los foros internacionales que diera cuenta del préstamo ilegal otorgado al gobierno de Macri e investigar y poner en conocimiento de la sociedad la lista de beneficiados por la fuga de capitales.

De esta manera se entiende por qué se le recrimina al equipo económico negociador haber mantenido “una postura de amabilidad con el Fondo y un secretismo y desinformación” de las gestiones llevadas adelante que desembocó en el presente acuerdo. La crítica no es formal: es una crítica política que entiende que las formas acompañaron una visión bien distinta de la que públicamente se explicitaba.

Las irregularidades de este crédito no solo obedecieron al exceso de financiamiento que puede obtener el país por parte del FMI, sino a que se utilizó para financiar la fuga de capitales y con el fin manifiesto de darle aire al macrismo para que pueda competir por su reelección. Según un artículo reciente, que se menciona en el documento firmado por los diputados que no dieron su aval al proyecto de ley (Ferreira Lima, K. y Marsh, Ch.) el acuerdo stand by de 2018 violó los propósitos fundamentales del FMI, por lo tanto, sería inválido y nulo. En términos prácticos la nulidad en el marco del derecho internacional significa que “Argentina debería restituir el capital al FMI quien, a su vez, debería restituir a Argentina las tasas cobradas por el préstamo, los sobrecargos, la comisión por compromiso y los cargos por el servicio de la transacción”. Además, teniendo en cuenta la incapacidad de la Argentina para restituir el remanente, las partes deberían negociar un horizonte temporal ampliado para la liquidación de manera de no comprometer la prosperidad nacional.

Por otro lado, el nuevo acuerdo tiene todas las desventajas de los típicos programas del Fondo, con un conocido grado de injerencia del acreedor en la política interna y pérdida de soberanía. El acceso a los desembolsos está condicionado a una serie de metas de política económica concentradas en el resultado fiscal primario, la emisión monetaria y la acumulación de reservas. Junto a ellas, una serie de recomendaciones de política económica financiera y cambiaria, de tarifas de servicios públicos y de revalúo inmobiliario. También acompaña el acuerdo el compromiso de “evitar impuestos a las transacciones financieras”, liberalizar el cepo, no intensificar restricciones a la importación por razones de balanza de pagos, estudiar posibles reformas para ampliar voluntariamente la edad de jubilación, analizar modificaciones en la política social y la legislación penal cambiaria, entre otras.

Las metas de reducción de déficit involucran la necesidad de implementar un ajuste fiscal que redundará en un límite al crecimiento económico. El otro foco del ajuste estará en los subsidios a la energía. La inflación se reducirá vía menos emisión/déficit y tasa de interés real positiva (una receta conocida y fallida). El monitoreo sobre la emisión será omnipresente, dejándonos sin política monetaria. El aumento de la tasa de interés redunda en otro freno al crecimiento. 

Finalmente, el documento de los legisladores pone en duda la sostenibilidad del endeudamiento y señala que nos pone en una situación de default cada tres meses. En este contexto de suba imparable de commodities, es probable que las metas de inflación deban ser revisadas. El acuerdo presenta serias incertidumbres sobre la posibilidad de mejoras sustanciales en materia económica y social.

• Programa de Facilidades Extendidas:
  Supone una refinanciación de los vencimientos del acuerdo stand by de 2018. La deuda pendiente con el FMI alcanza a 41.809 millones de dólares, de los cuales 40.501 millones corresponden a vencimientos de capital y 1.308 millones a intereses. Lo que se refinanciarían serían los vencimientos de capital. El monto solicitado (31.914 millones de DEG, equivalentes a alrededor de 44.377 millones de dólares) excede los vencimientos de capital debido a que se solicita que el nuevo acuerdo cubra parte de los vencimientos del año pasado (3.670 millones de dólares) y los 722 millones de enero. No hay ninguna precisión sobre cómo se devolvería este préstamo.

• Los condicionamientos:
• Reducción del déficit por ajuste del gasto.
• Tope al crecimiento y acumulación de reservas netas para pagar deuda.
• Tasa de interés positiva.
• Devaluación controlada del dólar.
• Política monetaria contractiva tendiente a eliminar la emisión.

• Monitoreo estricto:
  El monitoreo trimestral no sólo implica riesgo reiterado de default, sino que genera constante incertidumbre. El poder que ostenta el organismo en la revisión trimestral a la que se sujetan los desembolsos futuros le permitiría tener injerencia en la política local a través del condicionamiento de los fondos. La revisión, además, no se acota a las metas, sino que es mucho más amplia e incluye compromisos como: 
• Modificar el Presupuesto 2022.
• Actualizar los valores de las propiedades.
• Reducir aún más los impuestos sobre ciertas exportaciones de valor agregado y no aplicar nuevos a las transacciones financieras.
• Evaluar los programas de apoyo social.
• Estudiar la sostenibilidad a largo plazo del Sistema Previsional.
• Realizar una auditoría externa sobre el gasto Covid-19.

• Otras revisiones:
  Diarios, sobre emisión monetaria, depósitos de los bancos en el BCRA, operaciones de dólar futuro, asistencia de liquidez a los bancos, tanto públicos nacionales como provinciales, privados locales y extranjeros.
  Semanales, sobre balance del Banco Central, tipo de cambio y operaciones de Contado con Liqui y Dólar Bolsa.
  Quincenales, sobre tasas de interés y vencimientos de letras, bonos y otros instrumentos de deuda interna.
  Mensuales, sobre servicios de deuda, depósitos bancarios, reservas, préstamos.
  Semestrales, sobre deudas de los gobiernos provinciales.

• Control de herramientas monetarias y financieras:
  Se impone el límite de hasta USD 9 mil millones para venta de dólar futuro para intervención ante expectativas devaluatorias. Impone una restricción a la política monetaria.
  Compromiso de no establecer más regulaciones cambiarias, ni desdoblar el tipo de cambio. Es un condicionamiento ante la necesidad de controlar los movimientos del tipo de cambio. Emisión monetaria en 2022 con límite de 1%: equivalente a $700 mil millones hasta llegar a 0.