PAREMOS EL AJUSTE
Arriba con las tarifas, los aumentos y la recesión
Esta política de “ajuste y sinceramiento” está generando una reducción del nivel de actividad económica y una disminución de la participación de los trabajadores en el ingreso, lo que retroalimenta la recesión del mercado interno.
La devaluación que comenzó en diciembre, de alrededor de un 50%, fue seguida de aumentos de precios que atacaron directamente el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores. En abril y mayo se sucedieron los ajustes en las tarifas de electricidad, transporte, gas, agua y combustibles que vienen a sumarse a subas de precios de la carne, alimentos en general y otros productos básicos.
La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), cercana al gobierno, registró el salto en las canastas de consumo básicas que utiliza para medir pobreza e indigencia. En este año fue de 41,5%, mientras que para mayo del 2014-2015 había sido de 14,9%. El costo de la canasta básica total para una familia tipo aumentó en un 7,8% en el mes de abril.
Aumentó el pasaje de colectivo y de tren un 100%. El combustible va por su cuarto ajuste, con un aumento acumulado desde diciembre pasado del 30%, debido a que los costos crecieron al ritmo de la devaluación del peso frente al dólar. El precio mayorista del GNC trepó el 220%, hasta los $3,20.
Después de 16 años, las empresas de telefonía fija realizarán un aumento de tarifas del 192%, que en el caso de Telecom rige a partir del 1 de mayo, y que Telefónica aplicará a partir del 15. El valor del pulso se mantendrá, pero el abono básico sube de 13 a 38 pesos, más IVA.
En cuanto a la energía eléctrica, el aumento de la factura de la luz ronda el 300% a 700%, para los consumos medios. Este aumento se debe, por un lado, a que se eliminó el subsidio al consumo que se aplicó en los gobiernos de Néstor y Cristina durante 12 años y que estuvieron destinados a los 40 millones de argentinos por igual. Por otro lado, a que la tarifa por kWh -sin subsidio- se incrementó el 26%.
Las subas en el gas fueron de alrededor del 350% y las de AYSA llegan hasta el 500%. Hasta el trámite del DNI aumentó un 72% según lo dispuso el Ministerio del Interior, que no quería quedarse afuera.
Esta política de “ajuste y sinceramiento” está generando una reducción del nivel de actividad económica y una disminución de la participación de los trabajadores en el ingreso, lo que retroalimenta la recesión del mercado interno.
Una de las actividades más perjudicadas ha sido la construcción. El índice Construya, que mide la demanda de insumos para la construcción en base a datos de empresas proveedoras, marca un fuerte retroceso de las inversiones con un descenso del 22,3% con respecto a un año atrás. La última vez que el sector tuvo un retroceso interanual de estas características fue a mediados de 2002.
La paralización de las obras de infraestructura, el freno al crédito para la vivienda (como el programa Procrear) y el importante aumento de los costos por el ajuste del dólar son elementos centrales para la caída de la actividad.
También caen las ventas en supermercados. En el interior del país fue donde más cayó el consumo. Tanto en canales tradicionales, como en hipermercados, supermercados y locales de cercanía. En el primer caso, un 3% y en los otros, 3,7%. Salvo farmacias, todos los canales evidencian bajas en sus ventas: autoservicios (-2%), almacenes (-2,6%) y quioscos (-2,2%).
Se multiplican las suspensiones en grandes empresas (automotrices y petroleras, por tomar solamente dos ramas de fuerte peso específico) y los sectores intermedios, principalmente las pymes manufactureras, que se encuentran en una situación de ahogo entre el aumento de costos y caída de sus ingresos por falta de ventas.
Frente a ese panorama de estancamiento, los precios siguen aumentando. Con inundaciones de por medio, subas de combustibles y servicios es probable que aumenten aún más. Hasta el Banco Central tuvo que reconocer en su informe que el consumo estuvo afectado por una caída de los ingresos reales de las familias, en el marco de un aumento de la tasa de inflación.
El aumento de precios que se produjo como consecuencia de la fuerte devaluación de la moneda tuvo impacto sobre las condiciones de vida de los trabajadores. El gobierno no tomó medidas tendientes a paliar el impacto (con la única excepción del adicional de $400 de diciembre, por única vez, sobre la Asignación Universal por Hijo y las jubilaciones mínimas una medida poco significativa para contrarrestar el desastre). El proyecto de ley de devolución del IVA a beneficiarios de AUH y jubilados que cobran el haber mínimo, parece ir por el mismo carril por insuficiente e ineficaz. La propuesta de devolver hasta $300 de IVA no detiene la caída del ingreso de estos sectores. Además, en general, los hogares de menores ingresos suelen realizar la mayor parte de sus gastos en comercios informales o parcialmente formalizados, que no tienen sistemas de venta con tarjeta. Es claro que la eficacia de esta política no está asegurada, y más se parece una movida de propaganda que a un plan serio para beneficiar a quienes más lo necesitan.
