REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL
Al corazón del sistema de reparto
El proyecto que envió el macrismo al Parlamento encamina al actual sistema previsional al de las jubilaciones en manos de privados. Profundiza la política neoliberal de destrucción del nivel de vida de los trabajadores pasivos, en actividad, en relación formal e informal, sin distinción.
El artículo 12 del proyecto de ley que el macrismo envió al Parlamento dice: “Créase el Consejo de Sustentabilidad Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario y sustentable, para su posterior remisión por el Poder Ejecutivo a consideración del Honorable Congreso de la Nación”. No menciona que sea público ni de reparto como en la actualidad. Por otro lado, la denominada “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” es, desde el vamos, un insulto.
LAS TRAMPAS DEL PROYECTO. El argumento de pagar las sentencias de los juicios con el Estado que mantiene un porcentaje del universo de los jubilados (en su mayoría con haberes altos), intenta esconder la tendencia a la quiebra del actual sistema previsional. En primer lugar, no cumpliría ni con los montos de las sentencias en firme, ni con las que aún no se resolvieron; el nuevo cálculo para el haber (hasta hoy entre un 60 y un 80 por ciento, ahora de un 45) y los retroactivos, arroja importes menores a los que en teoría deberían ser. Acá, la demagogia tropieza enseguida.
Desde el macrismo se propone afrontar estos juicios con el dinero que se obtenga del blanqueo de capitales que, a diferencia del que planteó el gobierno de Cristina en su momento, estará hecho a medida de los millones de origen oscuro que el poder económico y sus caras visibles necesita “lavar”. Las visiones más optimistas respecto del “sinceramiento fiscal” hablan de una recaudación de unos 50 mil millones de pesos. El monto de las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para este año, se calcula en alrededor de los 100 mil millones de pesos según las actuales autoridades de la ANSES. Si como se estima, se necesitan $150 mil millones para los retroactivos y $80 mil millones anuales para los reajustes de haberes con los aumentos correspondientes por la movilidad, la “loable” intención del proyecto, se torna dudosa.
No obstante, el proyecto tiene otra carta por si no le dieran las cuentas: gastar -no invertir- el FGS para saldar la deuda con un tercio de los jubilados, poniendo así en riesgo la sustentabilidad para la cobertura del pago de haberes del total actual (6.6 millones de jubilados). Es importante destacar que uno de los logros del kirchnerismo en el plano de las ideas, fue hacer comprender (en una parte importante del pueblo) que ese dinero no es sólo de los trabajadores pasivos, sino de todos los trabajadores. Y además, que con ese fondo, si la intención política existe, se pueden financiar políticas públicas como el Pro.cre.ar. Por si esa carta no alcanzara, el proyecto contempla que la ANSES venda las acciones que tiene en empresas y que le han permitido la sustentabilidad y crecimiento de sus fondos. Este debilitamiento del sistema de reparto busca generar las condiciones para el resurgimiento de la jubilación privada, individual y que le impida al mismo trabajador verse como parte de un colectivo y sus necesidades.
La eliminación de la moratoria que permitió que trabajadores que no contaban con los años correspondientes de aporte, pudieran jubilarse con un haber mínimo, alcanzando así una cobertura previsional del 97 por ciento, trae como reemplazo una pensión por vejez de un 80 por ciento del total de esa jubilación mínima. Esto generará diferencia entre los jubilados, cuando se sabe que hay diversas circunstancias, como el empleo en negro o los empleadores que no depositan, que hacen que no se completen los aportes. Para las mujeres, además de cobrar por debajo de la mínima, el proyecto de ley contempla que reciban esa pensión recién a los 65 años. Y a diferencia de la jubilación por moratoria, no contempla la pensión por viudez.
Además de las consecuencias concretas, este proyecto es un intento de disputar ideológicamente la experiencia de un sistema previsional de y para todos, en particular para los que más necesitan de esa cobertura. Premisa con la que se batalla desde el 2008 cuando, por decisión de Cristina, se recuperaron los fondos apropiados por las AFJP.
