En los últimos días se conocieron nuevas precisiones al calor de las causas judiciales que avanzan en Bolivia y Argentina contra Macri, Bullrich y ex funcionarios de la Gendarmería Nacional por haber contrabandeado armamento para apuntalar el golpe de Estado contra el gobierno de Evo y Álvaro García Linera.

Así es que el pasado 18 de julio el Ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, realizó una conferencia de prensa con la presencia del embajador argentino Ariel Basteiro, en la que exhibió el armamento encontrado en depósitos de la policía boliviana, concretamente 26.900 balas de goma antitumulto 12/70 (las cuales eran, a su vez, parte de un lote de 91.750 balas que había comprado la ex ministra Bullrich con la excusa de la cumbre del G20 realizada en Argentina a finales de 2018) que se encontraban junto a unas bolsas negras con etiquetas que decían “guantes”, que contenían granadas de origen norteamericano.

Asimismo, las 26.900 balas halladas son parte de un lote de 70.000 balas que la Gendarmería de nuestro país envió hacia Bolivia en un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina, una parte de las cuales fueron para la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y una parte restante podría haber ido a parar a las masacres de Sacaba y Senkata que terminaron con cientos de heridos, desaparecidos y muertos.

Otro dato relevante es que la dictadura de Añez también recibió armamento por parte del gobierno neoliberal de Moreno en Ecuador. Todo esto da cuenta de la existencia de un Plan Cóndor 2 orientado por los yanquis y del cual forman parte los gobiernos de derecha en la región para organizar intentos de golpe allí donde al frente de los gobiernos haya representantes del campo popular.

En este sentido la situación de Macri y Patricia Bullrich se torna más complicada, toda vez que enfrentan causas judiciales tanto en Argentina, por contrabando agravado, como en Bolivia junto a ex funcionarios de las fuerzas de seguridad de Bolivia por tráfico ilegal de armas, delito que puede conllevar allí la pena máxima de 30 años de prisión.