Los enemigos de nuestro pueblo no sólo no morigeraron su accionar durante la coyuntura excepcional que transitamos (como lo es la pandemia) sino que intensificaron sus ataques dirigidos a debilitar al gobierno nacional y, de ser posible, poner punto final a la experiencia del Frente de Todos. Fueron ensayando alternativas de calle: desde los reclamos por los “gastos de la política”, pasando por los “presos libres” y los anticuarentena, hasta el “banderazo” por Vicentín y la propiedad privada. En todos los casos, sobredimensionados por el complejo multimediático, siempre con el esmeril en la mano.

Simultáneamente se fueron alternando las presiones del establishment sobre una economía muy deteriorada tras los cuatro años de Cambiemos: ninguneo de la resolución antidespidos (Techint picó en punta), presión sobre el precio de los alimentos, timba con la cotización del dólar, apriete para capitular ante los buitres, etc., etc. Todo esto concentrado en 100 días, que es el tiempo transcurrido desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. El gobierno nacional ha podido mantener sus posiciones, lo que explica la creciente virulencia de los ataques que recibe. No obstante, hay cuatro batallas en particular que estamos librando, decisivas a nuestro entender, y que se transforman en disyuntivas de hierro para el futuro del proyecto nacional.

En primer lugar, la defensa de la vida frente al lobby que busca deslegitimar la cuarentena, abrir todo y “que mueran los que tengan que morir”. Pobres en su inmensa mayoría. Nuestro país es hoy una referencia global por las medidas sanitarias adoptadas, que permitieron fortalecer en muy poco tiempo el sistema de salud y tener un índice muy bajo de contagios y de letalidad. Basta con observar el mapa de nuestra región. Sin embargo, las próximas semanas requerirán de medidas más estrictas de confinamiento y disciplina social (especialmente en el área metropolitana) que deberán cumplirse bajo el griterío permanente de quienes cabalgan sobre el cansancio, las dificultades económicas y el descontento natural ante un proceso de estas características y sus inevitables consecuencias.

La renegociación de la deuda es otro de los ejes principales de la disputa. En este sentido reafirmamos lo dicho desde un principio: es preferible que no haya acuerdo, antes que suscribir un mal acuerdo que implique mayores quebrantos para las condiciones de vida de nuestro pueblo. Lo dijo Alberto días atrás: recibió al país en default y sin acceso al crédito internacional. Podemos seguir así mientras se explora una salida. Lo que no podemos es convalidar una deuda colosal concebida para la especulación y la fuga. Se extienden los plazos de negociación por la intransigencia, no de tal o cual acreedor, sino del imperialismo norteamericano. Se juegan atribuciones de soberanía o condicionamientos de dependencia. Quién paga esta crisis es la cuestión de fondo.

Es por esto que creemos que debe retomarse la discusión del proyecto ley que establece un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Evidentemente (como en cada una de las cuestiones mencionadas anteriormente) desató una fuerte resistencia entre los factores de poder. La redistribución de la riqueza, aun siendo una medida puntual, no se va a alcanzar por “consenso”, menos aún de quienes detentan esa riqueza. El gobierno destinó vastos recursos para paliar los efectos de la pandemia sobre nuestra economía. La actividad mundial cayó de forma estrepitosa. En nuestro país, la única forma de revertir esta situación es avanzando tributariamente (en un sentido progresivo) sobre quienes más tienen.

El control estatal sobre Vicentín es parte insoslayable de este mismo debate. En este caso, un juez jurisdiccional frenó transitoriamente el proceso de intervención dispuesto por el gobierno. Lo principal no es la forma, sino que podamos contar con un resorte estratégico en el mercado de granos.

Es el tiempo de la firmeza, de no retroceder frente a los escollos que impone el enemigo. Es fundamental la decisión política, que debe ser sostenida con mayor conciencia, mayor organización y un respaldo popular más extendido. Debemos generar la correlación de fuerzas necesaria para vencer cada uno de los obstáculos; y avanzar.

Los enemigos de nuestro pueblo no sólo no morigeraron su accionar durante la coyuntura excepcional que transitamos, sino que intensificaron sus ataques dirigidos a debilitar al gobierno nacional y, de ser posible, poner punto final a la experiencia del Frente de Todos.


Paso a paso

VICENTIN SAIC forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España. Tuvo un crecimiento exponencial entre 2015 y 2018. Su acceso al crédito del Banco Nación alcanzó los $18.500 millones. Tras incumplir con las respectivas cancelaciones obtuvo una refinanciación sin fundamento: eso se llevó a cabo en el marco de vínculos estrechos entre la empresa y el macrismo. Entre las elecciones de 2015, 2017 y 2019, Vicentín aportó a Macri 24 millones de pesos.

Con su concurso de acreedores dejó colgados a 2.638 productores y proveedores de quienes recibió entregas de grano o insumos y a quienes no les pagó ni un peso. Obtuvo créditos que han quedado impagos de 12 bancos nacionales. Los cuatro acreedores mayores son: Nación $18.182 millones; Provincia $1.800 millones; Ciudad $319 millones y BICE $313 millones. El total de su deuda medida en dólares asciende a U$S 1.350 millones. También ha dejado colgados a accionistas y a bancos extranjeros que han iniciado acciones judiciales en las cortes neoyorkinas.


El irregular accionar de la empresa provocó una denuncia judicial contra las autoridades de Vicentín y contra el último titular del Banco Nación de la anterior gestión, Javier González Fraga. La información pública sobre la empresa, el modo de integración del grupo y, especialmente, el negocio con Glencore en Renova S.A. (Renova) es escasa y parcial. La Unidad de Investigación Financiera ha iniciado una actuación procesal pues presume la existencia de maniobras ilegales, simulando una crisis, fuga de divisas, lavado de dinero y evasión fiscal. Y hasta la operatoria práctica de las exportaciones de la firma es sospechada de contrabando agravado.


La magnitud de la deuda acumulada, superior a los mil millones de dólares, deja poco margen a un acuerdo con los acreedores, lo cual pone a la empresa en riesgo de quiebra. Por otro lado, la inactividad de la empresa afecta a todo el entramado productivo (que excede a la ciudad de Avellaneda, toca la zona núcleo sojera y la industrial de la provincia): a los trabajadores, a los productores (en liquidez y disponibilidad de recursos para seguir produciendo) y al Estado por su enorme deuda con bancos públicos.


El comercio de granos se da en un mercado agrícola que está altamente concentrado en menos de 10 compradores, con oligopolización y extranjerización creciente. Los datos a 2018 del ranking exportador del complejo cerealero-oleaginoso muestran que Vicentín está en el sexto lugar, con el 9% de las ventas al exterior. En el primer puesto está Cargill (13%), seguido por COFCO (ex NIDERA) con 13%, Dreyfus (10%), Bunge (10%) y AGD (9%). Pero en el subsegmento de aceites y subproductos, al año 2019, en el procesamiento de soja y girasol Vicentín fue el primero con 7.425.533 toneladas exportadas, superando a AGD, Bunge, Cargill, Dreyfus y COFCO, y concentrando el 20,3% de este mercado de exportación de aceite.