SALARIOS DERRUMBADOS

Un modelo para pocos: hambre abajo, fiesta arriba

Mientras los timberos y estafadores en el Poder Ejecutivo festejan el atraso cambiario y el endeudamiento externo (únicas anclas para sostener la ficticia “desaceleración” de la inflación) los bolsillos de los trabajadores cuentan otra historia: la de una pérdida brutal del poder adquisitivo en un contexto de ajuste permanente. Nada de esto es casual. Es parte del plan y el gobierno no lo oculta: pisotean las paritarias, demoran las homologaciones y limitan las subas para evitar que los sueldos acompañen los precios. Mientras tanto, promueven una reforma que busca declarar “esenciales” ciertos trabajos clave para impedir paros y restringir el derecho a huelga. La represión salarial se combina con una estrategia de disciplinamiento laboral. Se pretende bajar la inflación, no por la vía de frenar la especulación ni controlar a los grandes formadores de precios, sino silenciando a los trabajadores y atacando sus derechos. Hablan de una “recuperación gradual” del salario real. Mentira. Solo algunos sectores registrados consiguieron recuperarse a niveles de 2023 pero, contando todo el espectro salarial -trabajadores informales y públicos incluidos- los niveles siguen muy por debajo. Además, si la canasta básica del INDEC se midiera como corresponde, esos sectores en blanco (apenas un poco más de la mitad de los asalariados totales) quedarían también por debajo de 2023.

Salario Mínimo, Vital y Móvil

El salario mínimo, al igual que la jubilación mínima, se mantiene como uno de los más bajos del continente, a pesar que Argentina es uno de los países más ricos del mismo. Con estos, fijados de manera unilateral por el Ejecutivo, dos sueldos mínimos no alcanzan para cubrir los gastos esenciales de una familia en todo un mes. Con un aumento de apenas $5.768 pesos en abril, el SMVM pasó de $296.832 a $302.600, subiendo un mísero 1,9% frente a una inflación trimestral del 8,6%. La pérdida acumulada es cada vez más difícil de esconder. El salario mínimo subió solo 5,5% entre enero y abril, mientras los precios se dispararon. El resultado es el que todos sienten en la góndola: el salario sigue perdiendo contra la inflación real. Los defensores del gobierno, muchos de ellos también afectados por esta situación, siguen insistiendo con la fábula de que hay que esperar que las clases altas “derramen” riqueza. El mismo cuento de todo gobierno neoliberal entreguista. El salario mínimo, que antes era un piso de dignidad, se convirtió en un subsuelo de precariedad, ya que no garantiza ni la mitad de una canasta básica total, que en marzo superó el millón de pesos (y sigue subiendo). En mayo, apenas cubrió el 28% de una canasta básica y un 61% de la alimentaria. Un año atrás, esos porcentajes eran más altos: 30,1% y 65,4%, respectivamente.

Tope del 1%

La tensión también se está viendo en las paritarias, debido al tope salarial del 1% mensual promovido por el gobierno, que ya genera conflictos abiertos entre gremios y cámaras empresariales. Incluso hay casos en donde el Ejecutivo se niega a aceptar el acuerdo entre las partes para que no rompa ese tope unilateral. A comienzos del año, varios sindicatos aceptaron acuerdos cercanos a esa pauta, pero la inflación acelerada de marzo, más la de abril, dejó esos convenios totalmente desfasados. La política de este gobierno entonces, tan básica que no les va a dar resultado, es clara: congelar los ingresos para bajar los precios. Pero los precios no se congelan y los ingresos siguen perdiendo terreno.

Mayor conflictividad a la vista

Hay resistencia y lucha en varios sectores. Uno que tomó relevancia estas últimas semanas fue el caso del Hospital Garrahan, que está siendo vaciado por Milei. Después de meses de mantener a los trabajadores del hospital con salarios congelados y de miseria (médicos de uno de los hospitales más avanzados del país con salarios de 800 mil pesos) el gobierno hizo una oferta cínica. Los médicos y personal la rechazaron y continúan con paro y movilización (sosteniendo, así y todo, el funcionamiento del hospital) Según los trabajadores, la base de referencia debería ser de $1.800.000 pesos mensuales (que por lo menos cubra una canasta básica) y denuncian que lo que busca el gobierno es privatizar el hospital mediante ajustes, vaciamiento y estigmatización del personal.

A pesar de la euforia de algunos por la supuesta baja de la inflación, la realidad es que lo que estamos viviendo es una bomba de tiempo insostenible, que se mantiene en base a deuda externa. No hay discurso libertario que alcance para tapar lo obvio: hoy los argentinos comen menos, cargan menos nafta, pagan tarifas imposibles, ahorran menos y tienen cada vez menos margen para alzar la voz sin ser reprimidos. Estamos ante un gobierno neoliberal pro oligárquico y neocolonial con tendencia al fascismo. La salida sigue siendo la lucha, la unidad de la clase trabajadora -sin importar su signo político- y el apoyo a un programa nacional popular industrializador y soberano.

Paritarias frenadas

• COMERCIO: El caso del Sindicato FAECYS es ilustrativo. Cerró una paritaria del 5,4% para el trimestre abril-junio (con tramos de 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), pero el Gobierno se niega a homologarla. A pesar de eso, el gremio aclaró que el aumento se pagará igual, ya que el impacto total estimado -incluyendo sumas fijas- rondaría un 9,6% sobre el salario real. Aun insuficiente, este acuerdo no es aceptado por el gobierno que pretende que los aumentos sean por debajo de la inflación.
• CONSTRUCCIÓN: Uno de los conflictos más visibles es el de la UOCRA, que firmó el 21 de febrero un aumento del 4,3% correspondiente al trimestre enero-marzo, distribuido en tramos del 1,8%, 1,5% y 1%, con sumas no remunerativas de $20.000 para febrero y marzo. Sin embargo, la cámara empresaria CAMARCO se niega a reabrir la discusión pese al salto inflacionario. Ante esta situación, el sindicato declaró el estado de “alerta y movilización” y no descarta avanzar con un plan de lucha.
• TRANSPORTE: El reciente acuerdo salarial entre la UTA y las cámaras empresarias establece un aumento del salario básico de los choferes del AMBA a $1.270.000 en mayo y $1.300.000 en junio, con viáticos diarios de $9.300 y $9.700 respectivamente. Sin embargo, este incremento del 7,7% queda por debajo de la inflación acumulada en el primer semestre de 2025. Además, la cifra acordada está lejos de los $1.700.000 inicialmente reclamados por el sindicato. Aunque se evitó un nuevo paro, el acuerdo no logra compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del transporte en la era Milei.
• ALIMENTOS: El Sindicato de la Alimentación (STIA) también recrudeció su posición. Su último acuerdo, del 7 de marzo, estableció un incremento del 5,7% para el período febrero-abril y una suma no remunerativa por única vez de $30.000. Hoy el gremio exige un aumento adicional del 2,93% más un ajuste automático por inflación futura. Tomando en cuenta que en ese mismo período la inflación fue del 11,6%, la pérdida para los trabajadores es muy grande.
• METALURGIA: La UOM se encuentra en plena negociación sin avances. El gremio reclama un aumento del 6% en dos cuotas de 3%, más un 5% adicional sobre la base de abril, mientras que la oferta empresaria se limita a un 2% en dos cuotas de 1% más un 2% extra. Las negociaciones vienen fracasando y prorrogándose la conciliación obligatoria. Si no hay acuerdo antes del 3 de junio, la UOM quedará habilitada para iniciar un plan de lucha con paros escalonados. Este escenario deja en evidencia que incluso los gremios con estrategias graduales están endureciendo su postura ante una política salarial oficial reaccionaria que se muestra inflexible.
• SALUD: El caso del Garrahan es elocuente, después de meses de mantener a sus trabajadores con salarios congelados y de miseria (médicos ganando 800 mil pesos), el gobierno hizo una oferta cínica. Los médicos y personal la rechazaron y continúan con paro y movilización (sosteniendo, así y todo, el funcionamiento del hospital) Según los trabajadores, la base de referencia debería ser de $1.800.000 pesos mensuales (que por lo menos cubra una canasta básica) y denuncian que lo que busca el gobierno es privatizar el hospital mediante ajustes, vaciamiento y estigmatización del personal. Todo el sector salud se encuentra en una situación similar.

Industricidio y lucha en Ushuaia

Mientras los salarios, jubilaciones e inversión pública son la base del ajuste (ni la casta ni el 1% de los mil millonarios) el industricidio y la pérdida de soberanía avanza cada vez más rápido. Una de las víctimas centrales está siendo la industria electrónica de Tierra del Fuego, que atraviesa una crisis profunda tras la decisión del gobierno nacional de reducir progresivamente los aranceles a la importación de productos electrónicos -del 16% al 8% este año, y a cero desde enero de 2026-, además de perder exenciones impositivas. Estas medidas, en un mundo en donde hasta Estados Unidos aumenta aranceles, provocaron inmediatamente un paro total en las plantas de Río Grande y Ushuaia, dejando en vilo más de 6.000 empleos directos (y decenas de miles de empleos indirectos, sin contar las familias afectadas). En una provincia donde la industria representa el 30% de la economía, esta ofensiva neoliberal y vendepatria no busca simplemente ajustar costos, sino desactivar una de las pocas políticas industriales sostenidas que aún quedaban en pie. Milei quiere reforzar, a pedido de Estados Unidos, un modelo de país primarizado y subordinado, sin industria ni control territorial, que debilite la presencia geopolítica del Estado argentino en una zona clave como el Atlántico Sur, que hoy está siendo disputada y explotada por el Reino Unido, una de las cabezas de serpiente de la OTAN, principal enemigo del mundo multipolar que apostamos a construir. Lejos de ser un simple “ensamblaje caro”, como venden los medios vende patria, las fábricas fueguinas reúnen procesos productivos de alto nivel técnico, normativo y logístico, comparables con los estándares de la industria automotriz a nivel internacional. Su desmantelamiento no sólo implicaría desempleo masivo y deterioro económico regional, sino la pérdida irreversible de capacidades productivas construidas durante décadas. Además, el argumento de que la apertura reducirá precios ya se demostró falso, como ocurrió en 2017 (macrismo) con las notebooks, cuyo costo subió pese a la liberalización. A eso se suma la paradoja de que el consumo cae porque los salarios están pulverizados, no porque los productos sean nacionales. Lo que se juega no es sólo el futuro de una provincia, sino la posibilidad misma de un proyecto de desarrollo nacional. Ningún país desarrollado se construyó sin políticas de Estado y planificación económica. Lo que plantea este gobierno es ir a un modelo subdesarrollado, bananero, que exporte sin valor agregado e importe todo. Un país para una minoría de la población. No debemos permitirlo.