La semana pasada se conoció la noticia que la empresa Latam Airlines intenta cerrar su filial con sede en Argentina. En un contexto donde el país se encuentra dando batalla por la aparición del COVID-19, y desde el Gobierno se instrumentan las medidas necesarias para hacer frente a los efectos propios de esta crisis, las grandes empresas (que poseen espalda financiera para afrontar estos coletazos) presionan para buscar la salida más fácil: el despido de 1.700 trabajadxres, y el cierre de su filial.
La empresa presentó ante el Ministerio de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis (PPC) y le solicitó un cese de sus actividades en el país por tiempo indeterminado, tanto de pasajeros como de carga. Previo a este anuncio, la compañía ya había decidido de manera unilateral rebajarles un 50% el salario a sus trabajadxres y negociar suspensiones con los sindicatos, intentos que no dieron fruto. Frente a este escenario, el Estado instrumentó las herramientas necesarias, y concedió a la línea área los ATP para todos los trabajadxres incluyendo (créase o no) a los CEOS de la compañía. No es un dato menor recordar que con el gobierno neoliberal de Cambiemos, Latam fue beneficiada sistemáticamente a costa del vaciamiento de Aerolíneas Argentinas. El ex ministro de Transporte, Dietrich, le entregó nuevas rutas a la compañía chilena, en un marco de políticas de desregulación aerocomercial, lo cual permitieron que las filiales extranjeras del grupo crezcan. Latam no es la primera gran corporación que aumentó sustancialmente sus ganancias con el macrismo y que ahora pretende cargarle el peso de la crisis de la pandemia a los trabajadxres. Desde el oficialismo expresaron que la PPC es una herramienta concebida para preservar las fuentes de trabajo, y no para licuar deudas y fugarse del país. Por su parte, la oposición política pide un salvataje económico. Está claro que deben direccionarse los recursos estatales para salvaguardar a las Pymes y no aquellas empresas que aun pudiendo hacer frente a las consecuencias financieras, no lo hacen.
Desde el inicio de la aparición del COVID, el gobierno direccionó políticas públicas claras a favor de los sectores más postergados, elaboró una batería de herramientas de asistencia social directa, y generó los mecanismos necesarios para garantizar los puestos de trabajo. Ese es el camino por cual debemos continuar, más aún cuando arrecian los aprietes, en este caso con el sello de Latam.
