El gobierno de Macri dejó casi vacía la caja de las reservas de libre disponibilidad del Banco Central. Además, fomentó el endeudamiento externo del sector privado, que ahora presiona sobre los limitados dólares remanentes, y finalmente dispuso un “cepo” cambiario más restrictivo que las medidas tomadas por Cristina.

Antes de la corrida cambiaria de mayo de 2018, el Banco Central contaba con reservas por 61.726 millones de dólares, sostenidas por el acelerado proceso de endeudamiento con acreedores externos privados. Tras esa corrida, el gobierno de Macri decidió acudir al FMI. Sin embargo, durante el último año y medio de Cambiemos, se perdieron reservas por 18.109 millones de dólares más los 45.000 millones otorgados por el FMI: más de 63 mil millones de dólares se fugaron. Sostener un mercado de cambio desregulado solo le fue posible por el gigantesco proceso de endeudamiento externo en el que incurrió. Aun así, no evitó una profunda devaluación y una inflación récord (54 por ciento anual en 2019). En síntesis, el gobierno de Macri no solo terminó restringiendo el acceso al mercado de cambios, sino que dejó una economía en crisis y un Estado profundamente endeudado y en default.

Desde la asunción de Alberto Fernández se perdieron un total de 1271 millones de dólares en reservas. Las principales salidas de divisas se dieron, hasta julio del presente año, por la cancelación neta de deudas con el exterior (5030 millones), pago de intereses (2575 millones) y formación de activos externos (1010 millones). Hoy los dos movimientos especulativos que más presionan son los fondos de inversión que están rematando bonos para pasarse a dólares y sacarlos del país, y la resistencia de grandes exportadores del complejo agropecuario para liquidar las divisas por ventas al exterior. Algunos de los fondos son Pimco, Templeton, Blackrock y Fidelity, que llegaron para participar del festival de endeudamiento que produjo Macri y luego no pudieron salir por el reperfilamiento de Lacunza.

Las restricciones cambiarias que tomó el gobierno nacional tienen como objetivo evitar que se sigan perdiendo reservas en un contexto nacional y mundial muy complejo. La otra gran preocupación es por la escalada de precios que generaría un salto abrupto del dólar oficial. Los instrumentos de regulación como Precios Máximos y Precios Cuidados lograron morigerar esa presión. La inflación bajó respecto a los niveles del año pasado y se proyecta un alza para todo 2020 del 32 por ciento. En 2019, Juntos por el Cambio había dejado un IPC de 53,8 por ciento.

En un momento en el que existe superávit comercial y una exitosa restructuración de la deuda externa, cuando el gobierno está desplegando medidas dirigidas a resolver las problemáticas acuciantes de la realidad económica y social, aparecen las presiones devaluatorias y las corridas cambiarias. Queda en claro que se trata de una puja política para desestabilizar o por lo menos condicionar al gobierno y la forma que adoptará la salida de la crisis. Los ajustes cambiarios son un potente mecanismo redistribuidor del ingreso en forma regresiva, al incrementar ganancias extraordinarias para quienes tienen gran parte de sus patrimonios financieros en dólares. Mientras, el pueblo con ingresos más o menos fijos padecen una fulminante caída del poder adquisitivo por el shock inflacionario posterior a esa devaluación.

Es importante recordar cómo se llegó a esta situación y el porqué de la necesidad de optar por medidas de mayor control sobre la comercialización de divisas para evitar una devaluación. La clase dominante viene jugando a todo o nada, la arena del mercado cambiario es su lugar de pertenencia, y sabe usarlo a su favor contra los gobiernos y el pueblo.