Qué lejanos parecen los tiempos donde el término “Off Shore” remitía a los éxitos deportivos de Daniel Scioli con La Nueva Argentina, o en su defecto, a las cuentas donde los grandes narcotraficantes y tratantes de “blancas” escondían el dinero de sus sucios negocios.

En aquella época no tan remota, también nos anoticiábamos regularmente de que los activos depositados en el exterior de ciudadanos argentinos era casi el equivalente de la Deuda Externa acumulada a lo largo de los años del neoliberalismo.

Cronológicamente más cerca, una investigación de un consorcio de periodistas descubrió en los llamados “Paraísos fiscales” cientos de cuentas de innumerables funcionarios alrededor del mundo a nivel ejecutivo. En la mayoría de los casos, dichos personajes de la política decidieron renunciar a sus cargos ante la revelación de sus “corrupciones” en el ejercicio del poder.

Al llegar al capítulo argentino, la investigación se convierte en curiosa. Comenzando por el nombre del primer mandatario, la lista se enriquece fluidamente con las identidades de más de la mitad del elenco del Ejecutivo Nacional, sus familiares, amigos, allegados y testaferros.

La elusión, evasión y fuga de capitales engrosaron los ingresos (no solo de multitud de empresas multinacionales) sino de no pocos empresarios “vernáculos” que reclamaban a viva voz la investigación de la “ruta del dinero” convencidos del blindaje que les otorgaba el “secreto bancario”. Buscaban lana y terminaron trasquilados.

A las explicaciones sui generis de la Oficina Anticorrupción que mira y no ve, acerca de que la titularidad de una empresa offshore no declarada no constituye delito, se suman las afirmaciones del Jefe de Gabinete sobre la participación en la Liga de Campeones del Ministro de Finanzas Luis Caputo y el orgullo que debiera despertar en nuestros corazones, cual si fuera el Maradona de la evasión fiscal y el ocultamiento de bienes en su país, eso sin contar con su talento para actuar como “el que la vende, el que la compra y el que cobra la comisión”, con presencia en ambos lados del mostrador. Las excusas acerca de “las empresas de papá” del Presidente de la Nación, que promulga con complicidad opoficialista leyes de blanqueo a medida para su familia, sin conseguir, como magro resultado, que los activos refugiados en las guaridas fiscales se declaren en la Argentina.

La creciente pauperización social, y el estrangulamiento de la economía vía inflación y endeudamiento feroz, acompaña el enriquecimiento acelerado de las 40 principales familias acaudaladas de la Nación que aplauden con fruición el “haber vuelto” (concepto vertido por Prat Gay en la “Madre Patria”) a manejar los destinos de la Patria, y reiniciar los caminos de la entrega a precio vil de las riquezas nacionales.

El viejo hábito de recurrir a las guaridas para evadir impuestos o lavar dinero negro, transferir fondos entre empresas propias o simular préstamos para licuar ganancias, ya no resulta tan subrepticio. El mal humor social ante la evidencia de estas operaciones ilegales no parece ser advertido por la derecha en el gobierno, que gestiona y modela una Justicia a su medida para asegurarse que ni fiscales ni jueces entorpezcan su camino al Paraíso, a la vez que demoniza a sus adversarios como corruptos irrecuperables a pesar de no lograr encontrar situaciones análogas a las que se les debería imputar.

En ese sentido, el pasado 7 de marzo la senadora Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley tendiente a prohibir el acceso a cargos públicos a ciudadanos que posean empresas en países de baja o nula tributación que, de ser aprobado, obligaría al Ejecutivo a pedir la renuncia de más del 50% de sus funcionarios, incluido el propio Presidente de la Nación.