Colombia resiste y se desangra

Con una economía en caída libre y una población desprotegida en plena pandemia, el presidente Iván Duque decidió aplicar una reforma tributaria en contra de la clase trabajadora, generando así una rebelión popular de enormes proporciones. La brutal represión deja un lamentable saldo de muertes, heridos y desaparecidos.

El 28 de abril pasado, ante el intento del gobierno de aprobar una reforma tributaria contra la clase trabajadora (aumentando el IVA de la canasta básica) el pueblo colombiano, con el apoyo de sindicatos, movimientos sociales y partidos de izquierda, salió a manifestarse de forma masiva a lo largo y ancho del país. Como era de esperar de parte de un gobierno lacayo del imperialismo, la respuesta del presidente Iván Duque fue la represión inmediata. Con una brutalidad desenfrenada, en apenas cuatro días, el saldo de la represión fue de 21 civiles asesinados, más de 900 heridos y 672 detenidos, además de 4 víctimas por violencia sexual. La consecuencia de semejante represión transformó las manifestaciones en una auténtica rebelión popular, pero no solo contra la reforma tributaria, sino contra todo el andamiaje del modelo neoliberal imperante. Para empeorar la situación, mientras el pueblo se manifestaba legítimamente, el gobierno decidió militarizar las calles con la excusa de que los manifestantes estaban “organizados y financiados por grupos de las FARC”. Una conclusión sin sustento alguno, sobre todo porque las FARC llevan años desmovilizadas.

Mientras la policía y los militares aplicaban una cacería en varias ciudades, la Organización de Estados Americanos (OEA), dirigida por el nefasto Luis Almagro, y la Unión Europea (UE), guardaban un silencio absoluto. También los países integrantes del Grupo de Lima, notables por acusar y hostigar a Venezuela Bolivariana mientras esta era sancionada y bloqueada por Estados Unidos. Los grandes medios internacionales también se llamaron al silencio o, siguiendo la línea del gobierno, salieron a acusar de “terroristas” a los manifestantes. El Poder judicial tampoco se quedó atrás y desde la fiscalía colombiana equipararon las manifestaciones “con estructuras del narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

Los antecedentes de la represión son evidentes: desde 2016 fueron asesinados por paramilitares más de 800 líderes sociales, que se suman a los 6.402 civiles inocentes (los llamados “falsos positivos” a los que hicieron pasar por guerrilleros) masacrados por el ejército colombiano y sus amos de la OTAN. Como consecuencia de esta guerra sucia, Colombia es considerado el país con mayor número de desplazados del mundo, casi 8 millones hacia fines de 2018. Un verdadero desastre humanitario.

Con una popularidad en picada y acorralado por la masividad de las protestas, el presidente Iván Duque anunció el domingo que retirará el proyecto de reforma tributaria. Así y todo, las manifestaciones no cesaron; por el contrario, se hicieron más masivas y se multiplicaron hasta abarcar las principales ciudades del país reclamando un verdadero cambio político, económico y social. De la misma forma, al día de hoy, la única respuesta ante las demandas del pueblo continúa siendo la represión desenfrenada. Incluso la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Colombia, Juliette de Rivero, denunció que miembros de su Comisión fueron amenazados y atacados mientras registraban las protestas en la ciudad de Cali (epicentro de las manifestaciones).

La importancia de la lucha popular en Colombia es clave ya que estamos hablando del país con mayores bases militares estadounidenses en la región; un narcoestado apoyado y financiado por el imperialismo y base de operaciones para hostigar a la República Bolivariana de Venezuela. La desesperación de EE.UU. para sostener al gobierno de Duque es tal que llamó a las “fuerzas del orden” del país a la “máxima moderación” para evitar más muertes e hizo un llamado al “diálogo político”, demostrado así que el presidente colombiano no es más que una marioneta al servicio de ellos mismos. La victoria de las manifestaciones, denominadas ya como “Paro Nacional contra el neoliberalismo”, significan un duro golpe contra la política de Washington en América Latina.