El gobierno continúa analizando diferentes alternativas para paliar los efectos producidos por el COVID 19. La necesidad de repartir los ingresos. Las estadísticas muestran que la presión tributaria en la Argentina es más baja para para los sectores más altos.

Desde el Gobierno se vienen delineando diferentes propuestas que apuntan a generar más ingresos al Estado, para continuar financiando la compra de insumos médicos, la instalación de hospitales de campaña y la transferencia de recursos a lxs trabajdxres formales e informales y pymes. Es en este sentido, que desde hace varias semanas se viene anunciando la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas, partiendo de considerar que en el 2017 había en el país alrededor de 30.000 personas con un patrimonio mayor a 1 millón de dólares. Con un tributo del 2,5 por ciento sobre ese patrimonio, Argentina recaudaría 2.464 millones de dólares, lo cual implicaría un aumento de casi dos puntos en la recaudación tributaria.

Las voces de descontento no se hicieron esperar: argumentos como el derecho a la propiedad, o sobre la supuesta “presión tributaria” en nuestro país, caen por su propio peso. Las estadísticas muestran que la presión tributaria en la Argentina es más baja para para los sectores más altos. Los estratos sociales medios y bajo, tienen una presión tributaria más elevada, dado que no pueden reducir la carga trasladando sus capitales al exterior.

En este contexto, se anunció una nueva disposición del Banco Central que impide a los bancos distribuir sus dividendos hasta el 31 de diciembre. El objetivo principal es que el dinero permanezca en las entidades financieras locales, dado que, por disposición del Gobierno, las entidades bancarias deben otorgar créditos a tasas del 24 por ciento para empresas, para financiar el pago de salarios y capital de trabajo, como así también a trabajadores monotributistas y autónomos (en este caso a tasa cero). Cabe destacar que las entidades financieras fueron de las pocas actividades que obtuvieron ganancias durante el gobierno neoliberal del macrismo.

En esta misma línea, legisladores del oficialismo de la Provincia de Buenos Aires elaboran un proyecto donde su eje apunta a conformar un “Fondo Solidario COVID 19”, cuyo objetivo es modificar el impuesto a los Ingresos Brutos en algunos rubros, entre ellos, llevar del 7 al 12 por ciento el tributo para las entidades bancarias (exceptuando los préstamos hipotecarios otorgados a personas físicas, con destino a la compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única, familiar). Otros rubros que se quieren modificar es el de las empresas agroquímicas, que abonen un 2,5 por ciento, y llevar a 6 por ciento el porcentaje para las empresas proveedoras de internet que superen los 500 millones de pesos de ingresos. El COVID 19 se va haciendo más presente en el suelo bonaerense, por lo que es necesario seguir mejorando el sistema sanitario, y mitigar los efectos propios que trae aparejada esta crisis a nivel social. Desde el gobierno de la provincia, en acompañamiento con los intendentes, se instrumentaron acciones rápidas, como fue el caso del barrio Villa Azul, límite entre el Partido de Avellaneda y Quilmes. El debate sobre la generación y distribución de la riqueza se encuentra abierto. Será necesario construir las alianzas necesarias para avanzar sobre medidas concretas.