El 10 de diciembre del 2019 nadie esperaba que, junto a los efectos propios que dejó el ciclo neoliberal del macrismo, el gobierno de Alberto y de Cristina debería hacer frente a una pandemia sin muchos precedentes. Con firmeza en sus orientaciones, privilegió la vida por sobre todas las cosas. Se avanzaron en el corto tiempo sobre medidas concretas, tanto en materia económica, como asistencial y sanitaria.
En números concretos, el Estado volcó recursos a la economía por 1,4 billones de pesos, equivalentes al 5 por ciento del PBI, para intentar contener la crisis provocada por el coronavirus. Dentro de estos, la mayor inversión estuvo dada por la asignación del IFE, que alcanza a casi 9 millones de personas, accediendo a cobrar 10 mil pesos. Una herramienta excepcional que ya se encuentra en vías de abonar el tercer mes, y que contó con una cobertura a nivel nacional.
En segundo lugar, los ATP significaron una inversión del Estado de 85 mil millones de pesos. Se asistió al 60% de las empresas, cubriendo la mitad del salario de 2,8 millones de trabajadxres. Otra inversión importante y directa es la que se efectuó desde el Ministerio de Desarrollo Social en políticas alimentarias, por una suma de 42.788 millones de pesos.
Estas políticas de trasferencia directa a lxs trabajadxres y sectores populares, permitió que los efectos de la crisis sean de menor intensidad. En paralelo, el Gobierno trasfirió a las provincias y municipios, entre diferentes conceptos, una suma de 175.730 millones de pesos. En cinco meses, los gatos totales de la Administración Publica rondan el 45,2 por ciento del nivel estimado para todo el año.
El Gobierno avanza por el camino correcto, privilegiando la vida y protegiendo el empleo. Será necesario profundizar medidas para los sectores más golpeados. Sabemos que en la vereda de enfrente la derecha no descansa y continúan generando mecanismos de desestabilización. Pero el rumbo del gobierno es claro, y sobre esa dirección es que debemos avanzar.