INVERSIONES CHINAS
Lobby yanqui contra la soberanía nacional
El decreto 269/2022, firmado por el presidente el pasado 25 de mayo, destrabó -luego de dos años y medio de gobierno- la línea de crédito acordada entre nuestro país durante el gobierno de CFK y el gigante socialista para la construcción de estas dos represas hidroeléctricas sobre el Rio Santa Cruz (paralizadas previamente por el macrismo). Esto se consiguió gracias a una dura presión por parte del kirchnerismo, que tuvo que presentar una carta pública -enviada por el senador Oscar Parrilli el 26 de abril pasado- en la que pedía explicaciones al principal responsable de esta situación: el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, cuya cartera se encarga, entre otras cosas, de aprobar o desaprobar todas las líneas de crédito del exterior. La excusa por parte de Beliz de semejante demora era que las empresas estatales chinas encargadas del proyecto exigían a la Argentina que firmara previamente un acuerdo con el FMI. El verdadero motivo ya lo tenemos claro y es el mismo que operaba bajo la presidencia de Macri: la oposición del gobierno de Estados Unidos a cualquier obra de envergadura del gigante socialista en nuestro país. Esto fue admitido incluso por los mismos imperialistas de forma pública y sin tapujos en varias reuniones con el gobierno actual y el anterior. Incluso la contraparte china tuvo que salir a responder cada crítica del lobby yanqui pidiendo reuniones con el Jefe de Gabinete y con Beliz, sin que nadie los reciba.
Los primeros planes y acuerdos entre China Popular y Argentina comenzaron allá por el año 2013 cuando se adjudicaron las obras a la empresa China Gezhouba Group Corporation, de capitales mixtos pero con el Estado como accionista principal, junto a las empresas locales Electroingeniería e Hidrocuyo. El repago del crédito, entregado por tres bancos estatales chinos: China Development Bank (CDB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China (BOC), se saldaría tras finalizar las obras en 2027 mediante la misma generación eléctrica. Poco tiempo después, con la llegada del gobierno pro yanqui de Cambiemos, las obras -que habían sido ampliadas más allá de las represas-, fueron paralizadas por completo mediante diversos artilugios: judicializaciones, persecuciones a empresarios locales, fallos de la Corte Suprema, inventos sobre normas ambientales, entre otros. El objetivo era claro: evitar la llegada de las inversiones chinas y sus empresas estatales a nuestro país. Lamentablemente el cambio de gobierno no significó una mejora de la situación hasta recién ahora y solo gracias a la presión de CFK. Así y todo, y a pesar del avance que significa el decreto, seguimos teniendo un problema: lo que destrabó el gobierno fue solamente el financiamiento para las represas por 4.714,3 millones de dólares, cuando los acuerdos con China no se limitaban solamente a esas dos obras. Además de las represas en Santa Cruz, se plantean también otros proyectos como la represa Chihuido I en Neuquén, la central térmica Manuel Belgrano, la central Nuclear Atucha III, el desarrollo del reactor nuclear Carem, y el fortalecimiento de las líneas de transmisión del anillo energético AMBA I. Todas obras de varios miles de millones de dólares de inversión directa con financiamiento ya garantizado por China (hay que decirlo, gracias a la conformación de la “alianza estratégica integral” durante el gobierno de la compañera Cristina) por lo que la única explicación para seguir pateando y complicando el inicio de las obras es el constante lobby de la embajada yanqui y sus “socios” enquistados dentro del Estado y del gobierno, que sostienen un supuesto “compromiso estratégico con EE.UU. y el FMI”, un seguidismo peligroso en el que se está moviendo el gobierno.
Destrabar todos estos proyectos de forma urgente y dejar de bebotear con la embajada yanqui es una forma de volver a tomar la iniciativa. A los imperialistas no les interesan las inversiones productivas y soberanas como estas, por eso no buscan competir para adjudicarse ellos los proyectos, más bien quieren directamente enterrarlos para siempre. No solo porque significan un claro avance hacia la soberanía económica de nuestro país y la base para un futuro proceso de industrialización acelerado, sino también por la asociación práctica entre China socialista y lo que los imperialistas consideran su “patio trasero”. Además, lo que demuestra el gigante asiático con este tipo de proyectos es la grandeza de su modelo de empresas estatales altamente competitivas y productivas.
