Recientemente se dieron a conocer una serie de investigaciones judiciales que evidencian la persecución y seguimiento a dirigentes opositores durante el gobierno de Mauricio Macri, principalmente a Cristina Fernández de Kirchner.
La intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) trajo aparejada una serie de descubrimientos que llevaron a su interventora, Cristina Caamaño, a presentar en la justicia denuncias contra agentes de la AFI: correos electrónicos que se intervinieron ilegalmente, las fichas de periodistas y organizaciones que se inscribieron para el G20, y los seguimientos a la sede del Instituto Patria, lo que configuran delitos en el marco de la ley de inteligencia.
Por otro lado, en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, se inició la investigación sobre una red de espionaje ilegal que surgió a partir de la confesión de un narco apodado “Verdura”. A partir de ese momento se disparó como reguero de pólvora una cantidad de detenciones de agentes de la AFI. Más tarde, Villena fue recusado y apartado de la causa, ya que muchas de las maniobras ilegales desplegadas por la AFI ocurrieron en el marco de causas judiciales a su cargo que sirvieron de cobertura para la actividad ilegal. La causa quedó ahora en manos del juez Juan Pablo Augé, que ya investigaba otro hecho relacionado.
La compañera Cristina se presentó en los tribunales de Lomas de Zamora para notificarse sobre los expedientes que revelan la trama de espionaje de la cual fue víctima directa durante el gobierno de Mauricio Macri y se constituyó como querellante. De la documentación se desprende la envergadura del plan: un esquema mafioso donde narcotraficantes, agentes y funcionarios de la AFI, policías de la Ciudad de Buenos Aires, directivos del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, periodistas, y funcionarios del gobierno (como Susana Martinengo, mano derecha de Macri en Casa Rosada) eran parte de una política diseñada para hacer inteligencia sobre sectores precisos: dirigentes políticos (incluso aliados), miembros de la Iglesia Católica, jueces, referentes sociales, periodistas.
Los espías del macrismo protagonizaron maniobras de todo tipo para conseguir información clandestina o amenazar a sus víctimas. Bombas de trotyl, sobornos a una empleada doméstica, un falso admirador, operaciones de infiltración en actos, informes sobre reuniones de Cristina y sobre las realizadas en el Instituto Patria, registros audiovisuales de las personas que entraban y salían de la casa de la vicepresidenta. Todo formaba parte del espionaje ilegal perpetrado por los “Súper Mario Bros”, como se autodenominaba la banda de espionaje que reportaba a Alan Ruiz, el elegido de Majdalani en la AFI: un agente con lazos con la ex ministra de seguridad y actual presidenta del PRO Patricia Bullrich.
El interés de los espías estaba puesto en las causas judiciales contra Cristina, su actividad política y el Instituto Patria. Mucho de lo que se expuso en la causa ya se sabía o se presumía (de hecho, Cristina se cansó de denunciar públicamente y ante la justicia el espionaje que se realizaba sobre su persona y su familia). El plan sistemático de espionaje que llevó adelante Macri estructuró una serie de mecanismos que ya estaban en movimiento antes de su llegada a la Casa Rosada, pero que una vez en el Ejecutivo aceitaron a más no poder. Todo esto con la complicidad de grandes sectores del poder judicial, los medios hegemónicos y los servicios de todo tipo y pelaje.
El objetivo fue el de alimentar todas las causas truchas y utilizarlas para influir en la opinión pública a través de la legión de periodistas estrella de las corporaciones mediáticas. Causas armadas para debilitar a la oposición, especialmente a Cristina, y distraer sobre las medidas de ajuste y saqueo que fueron su única brújula y guía.
