DOS PROYECTOS CLAVE

Que la deuda la paguen los que la fugaron

El primero de los proyectos crea el FNCD, mientras que el segundo modifica la Ley de Entidades Financieras de 1977 -la 21.526- que fuera impulsada por la última dictadura cívico-militar para proteger a los evasores y delincuentes económicos. Esta modificación permitirá levantar trabas respecto al secreto bancario, bursátil y fiscal para que aquellos órganos reguladores del Estado, como el Banco Central, AFIP y la Comisión Nacional de Valores, puedan acceder a la información necesaria para encontrar a los fugadores. El proyecto, que lleva la firma de los senadores José Mayans, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti y Martín Doñate, establece que el FNCD sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y demás recursos, y cuya vigencia se mantendrá hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo. El Fondo será administrado por el Ministerio de Economía de la Nación.

Lo que se buscará es que aquellos argentinos que tengan dinero y bienes no declarados en el exterior y cuyo origen haya sido generado en el país, deban pagar un 20% sobre el total de lo descubierto y en dólares. De no declararlos en los primeros seis meses de entrada en vigencia de la ley, el porcentaje subirá al 35%. El próximo paso, de ser encontrados y no haber acatado la ley, será el riesgo de ir presos, además del posible “decomiso definitivo de bienes previsto en el artículo 305 del Código Penal”. Aquellos colaboradores que ayuden a encontrar estos bienes fugados serán premiados con un 30% de lo que se obtenga a partir de los datos aportados. Además, y esto es de suma importancia, el Poder Ejecutivo podrá acceder a estos datos sin tener que esperar autorización alguna del Poder Judicial. 

Mientras la oposición neoliberal y cómplice de la estafa macrista ponía el grito en el cielo menospreciando el proyecto, planteando que era un mero “blanqueo” o que solo se busca “perseguir” a opositores, desde el kirchnerismo salieron a responder. El senador Oscar Parilli aseguró que “la iniciativa no es un simple blanqueo, porque no es voluntario, sino que es persecutorio, ya que reclamamos una serie de acciones para perseguir delincuentes. Además, esta ley no va sobre la mera evasión sino que es una ley que va sobre la fuga de divisas”, manifestó. También respondió el senador por CABA, Mariano Recalde: “¿Cómo alguien puede estar en contra de cobrarle a los evasores que fugaron miles de millones de dólares para hacer un negocio enorme? El proyecto de ley ayuda, si se quiere, con algunas herramientas, como levantar el secreto fiscal y el bancario, que hoy protege a delincuentes, y de lo que se trata es de castigar a quienes cometen esas infracciones, graves delitos que hacen tanto daño a la economía del país”, sostuvo.

Sabemos que el gobierno macrista tomó el mayor préstamo en la historia del FMI para financiar su modelo de saqueo neoliberal, que en apenas cuatro años logró que se fugaran casi 100 mil millones de dólares, pero también debemos tener presente que este mismo modelo fue aplicado en otras oportunidades en nuestro país, principalmente a partir de la última dictadura cívico-militar, profundizándose durante la convertibilidad y regresando con el macrismo. En todas esas oportunidades, los números relativos de endeudamiento y fuga prácticamente coinciden: mientras más crecía la fuga, mas crecía la deuda y viceversa. Tal fue el saqueo, que Argentina es hoy el tercer país con mayor cantidad de cuentas offshore del planeta, como revelaron los Pandora Papers. Estas estafas siempre fueron pagadas por la clase trabajadora y por aquellos sectores que apostaron e invirtieron de buena fe en el país, por eso en esta oportunidad los que deben hacerse cargo son aquellos sectores que representan lo peor y más reaccionario de la burguesía: especuladores, parásitos financieros, capitalistas improductivos y evasores seriales. 

Está claro que quienes tengan algo que esconder van a buscar tildar estas leyes de inconstitucionales e irán a golpear las puertas de algún miembro del Partido Judicial, de la misma forma que hicieron con la Ley de Medios. Ante esto debemos estar preparados como pueblo para salir a las calles de ser necesario.

• Se calcula que existen 417.507 millones de dólares de argentinos (un PIB completo) fugados al exterior, de los cuales apenas 69.000 millones están declarados. Teniendo en cuenta que la deuda con el FMI es de 44.000 millones de dólares (sin contar intereses), con apenas una parte de lo recaudado con el actual proyecto se podría pagar la totalidad de la deuda. 
• Sabemos que aquellos fugadores seriales son los sectores empresariales más concentrados y aquellos que se beneficiaron durante los períodos neoliberales, en especial durante el régimen de Mauricio Macri. Así quedó demostrado en los Panamá, Paradise y Pandora Papers. Según la ONG Tax Justice Network (TJN), Argentina se encuentra en primer lugar entre los países de América del Sur en fuga de capitales.
• Según una causa judicial que busca investigar la deuda macrista, se sabe que hubo apenas 100 agentes que se llevaron 24.679 millones de dólares; diez que compraron 7.945 millones y un puñado más que se llevó otros 41.124 millones. Como se ve, durante el gobierno de Cambiemos solo unos muy poquitos mega millonarios se beneficiaron de aquel modelo, generando una monopolización de los dólares que ingresaban en un puñado de corporaciones y mega millonarios. Mientras se endeudaba el país, esta minoría fugaba decenas de miles de millones de dólares y la economía se derrumbaba: de los cuatro años de gobierno neoliberal macrista, en tres hubo caída del PIB.
• De las diversas filtraciones que se conocen sabemos que los principales fugadores y evasores son los sectores más concentrados de la economía argentina: hablamos de empresas como la Telefónica, la petrolera Shell, el acopiador de granos y productor de alimentos Molinos Rio de La Plata, la papelera y alimenticia Ledesma, el monopolio de aluminio Aluar, Aceitera General Deheza, Pampa Energía, Bagley, Arcor, Acindar (acero), Clarín, Coto, Loma Negra (cemento), entre otras empresas, la mayoría siendo sectores básicos y estratégicos que deberían estar en manos del Estado. También los principales apellidos más recurrentes que aparecen son los Macri, Acevedo, Bagó, Blanco Villegas, Blaquier, Fortabat, Costantini, Fravega, Pagliaro, Salaber, etc.
• El peso de la deuda pública argentina hoy es del 82% del PIB (la mayor parte, el 74% de la misma, está en dólares) cuando en 2015 era de un 53% (la mayor parte en pesos). Lo que creció de forma descomunal fue la deuda externa en dólares durante el gobierno de Macri, que prácticamente se esfumó en la timba de la fuga. El problema central hoy es la incapacidad de utilizar las divisas de nuestras exportaciones para nuestro desarrollo económico ya que necesitamos esos recursos para saldar la deuda macrista. El actual proyecto del FdT busca solucionar esta restricción heredada.