TARIFAZO BRUTAL
Al bolsillo a los CEO’s
El ajuste tarifario rebana un 21% de los salarios. ¿Revolución de la alegría o tobogán al infierno? Desde diciembre de 2015 hasta la fecha se incrementó hasta 3 veces el porcentaje que cada ciudadano debe destinar para hacer frente a la formidable transferencia de recursos vía reducción de subsidios en los servicios básicos.
Luz, gas, agua, transporte, cada aumento de tarifas es un hachazo a los ingresos de la clase trabajadora que, por otra parte, se ve enfrentada a paritarias con techo, agravamiento de sus condiciones laborales y creciente destrucción del tejido productivo con el consiguiente incremento del desempleo y la marginación.
Pongamos cifras: la luz subió un 1490%, el gas 1297%, el agua 664%, a lo que debe sumarse un 88% de aumento en las prepagas y un 275% en el transporte. Y si tenés un auto, 677% en los peajes. Estos números se traducen en 15 puntos porcentuales del salario mínimo, que a su vez ve retrasada su evolución por las trabas impuestas por las recetas fondomonetaristas aplicadas por la actual administración, convirtiéndose así en el tercer país de la región en cuanto al peso del gasto en tarifas en relación al salario, alcanzando el 21%.
En los últimos días, han ido creciendo las movilizaciones populares en contra del tarifazo en distintas ciudades del país profundo, y varios municipios decretaron la emergencia tarifaria ante la imposibilidad de hacer frente al pago de las abultadas facturas de servicios. Se va poniendo de manifiesto el aumento del mal humor social ante un elenco gubernamental que desarrolla, casi sin obstáculos, el plan de negocios que fue su principal motor al llegar a la función pública, y que justifica permanente de despropósito de sus medidas económicas.
El peso de las tarifas, sumado a la presión de la apertura indiscriminada de la economía, genera un nuevo eslabón del ajuste sobre la producción de origen nacional, reduce la expectativa de recuperación económica y, primordialmente, aumenta las penurias del trabajador que ve limitada su posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral, ya que estos caminos llevan al cierre de las PyMEs.
Aquellas dos pizzas que Prat Gay utilizaba para minimizar los aumentos son hoy un pesado collar que empuja hacia abajo las condiciones de vida de la población, con mayor impacto en las clases menos favorecidas. Las mismas que desde hace más de dos años vienen renunciando a los pequeños placeres de la cotidianeidad que le procuraba el salario indirecto recibido vía subsidios durante el kirchnerismo. O, lo que es peor, resigna calidad y cantidad en la alimentación sobre todo de sus niños y ancianos vuelven a concurrir a los comedores comunitarios para subsistir.
Como contrapartida de la pauperización creciente de la sociedad, los bolsillos de los prestadores de servicios incrementan sus ingresos (en algún caso al ritmo de 1 millón de pesos por hora) sin hacer ningún tipo de inversión que garantice una mejor prestación al usuario. Además, aprovechan la coyuntura para fugar sin controles ni restricciones esa ganancia extraordinaria al exterior.
Desde Unidad Ciudadana se ha presentado un Proyecto de Ley para congelar las tarifas hasta diciembre de 2019, para retrotraer los valores al 1 de enero de 2017 y una Revisión Tarifaria Integral.
La olla a presión en que ha devenido la falta de sensibilidad social y el ajustazo neoliberal ha despertado los alertas hasta de los socios del gobierno, que comienzan a presionar para frenar las tarifas y “maquillar” el rumbo económico antes de que sea demasiado tarde para poder seguir expoliando al pueblo.
