NO HAY MÁS TIEMPO
La reforma judicial es prioridad
Los miembros de la Corte, el macrismo de Comodoro Py y la derecha apuestan a defender sus intereses, el de los monopolios y de los sectores concentrados de la economía. En la actualidad, el Poder Judicial está concentrado en cuatro personas que debilitan profundamente el control de constitucionalidad de la justicia y se superponen al Poder Ejecutivo, evitando así la creación de una justicia plenamente dedicada a la resolución de conflictos. En ese marco, un comité de expertos encabezado por Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, elaboró una serie de propuestas para avanzar en una reforma del funcionamiento de la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal y otros fueros de la Justicia, pero esta semana el gobierno de Alberto Fernández lo desestimó.
Días atrás, los medios de comunicación hegemónicos anunciaban lo que finalmente sucedió: la Corte Suprema -liderada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- rechazó los planteos de Cristina Fernández de Kirchner para anular la causa de Vialidad, en la que se investiga corrupción en la obra pública. Los jueces del máximo tribunal no consideraron los fundamentos de CFK en su defensa por el “volumen de la prueba” y tampoco otros sobreseimientos anteriores. El abogado defensor, por su parte, aseguró que las pruebas “demuelen la acusación” y que la Corte Suprema no fundamentó la “gravedad institucional” del delito por el que se la responsabiliza. En ese juicio, Cristina está acusada de liderar una asociación ilícita y hacerle fraude al Estado con la adjudicación de 51 obras a empresas de Lázaro Baez en Santa Cruz. El litigio espera una resolución antes de fin de año, con una sentencia cantada.
Alberto Fernández desatendió y cajoneó el proyecto de reforma judicial que en el año 2020 presentó el grupo al que los medios llamaron “comisión Beraldi”: once letrados especialistas que redactaron más de 1000 páginas con nuevas propuestas de funcionamiento de la justicia, lo que implica no sólo la discusión por la ampliación de cantidad de jueces en la Corte, sino también la federalización de los mismos, la racionalidad de la constitución actual y todo el modelo de Estado que tenemos hoy. Entonces ¿Qué pasa con la Reforma Judicial? ¿Dónde está la voluntad política de avanzar con objetivos claros?
En una entrevista televisiva Beraldi vinculó el fallo contra la ex presidenta con la Reforma Judicial y dijo que la necesidad principal es que “no pasaran este tipo de arbitrariedades, que la Corte no tuviera la arbitrariedad absoluta de cajonear un expediente y tenerlo tres años, y cuando se lo pide el poder político real, sacar el fallo funcional a esos intereses”.
A Alberto Fernández le queda sólo un año y medio de gobierno para replantear esta cuestión que es prioritaria. Paralelamente, si el juicio avanza a favor de la derecha, los alegatos contra CFK se conocerán a principios de 2023, en plena campaña electoral. Por eso, cajonear la Reforma Judicial no sólo parece ser una acción (u omisión) intencional, sino que también, si se aprueba la acusación contra CFK, será la punta del iceberg para que la Corte Suprema pueda avanzar aún más con la persecusión política, arremeta plenamente con el lawfare y anule en cadena todos los derechos que, gracias a su mandato en el proyecto nacional y popular, pudimos conseguir.
