En la antesala del aniversario 208 de la independencia, la revolución logró desarticular un nuevo intento de golpe de estado dirigido por EE.UU e Israel. A la vez, rechazó categóricamente el sesgado informe del Consejo de DD.HH. de la ONU, fabricado bajo presión para justificar el criminal bloqueo económico.
Venezuela sigue siendo el epicentro de todos los ataques concentrados del imperialismo en Latinoamérica. Durante el mes de junio, el gobierno bolivariano consiguió desmantelar un nuevo intento de golpe de Estado, está vez dirigido no solo por Estados Unidos, sino también por Israel. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), explicó cómo la derecha local tenía planificados asesinatos selectivos contra funcionarios chavistas con la ayuda de agentes israelíes. “Los organismos de Inteligencia del Estado lograron infiltrarse dentro del grupo golpista que, desde hace 14 meses, trabajaba para poner en práctica el 24 de junio su objetivo de asesinar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras autoridades de la Revolución Bolivariana”, señaló.
Si bien todavía no se conocen demasiados detalles sobre esta fracasada intentona golpista, el imperialismo siguió con su juego sucio obligando al Consejo de DD.HH de la ONU y a su enviada, Michel Bachelet, a fabricar un informe condenatorio contra el país como antesala para nuevas agresiones. Pocos días antes de la visita de Bachelet, uno de los oficiales golpistas detenidos por participar del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, apareció muerto en la cárcel, generando una presión extrema sobre el Comité de DD.HH de la ONU y un revuelo internacional. Por este caso el gobierno bolivariano arrestó a dos oficiales de la Guardia Nacional, acusados del homicidio, y prometió una investigación ejemplar. Está claro que esta muerte le vino como anillo al dedo a la derecha para afectar la visita de Bachelet. Finalmente, y bajo un sin fin de irregularidades, el informe sobre “la situación de los DD.HH. en Venezuela” sostuvo que las fuerzas especiales venezolanas (FAES) y la policía científica (CICPC) “han sido responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales” y otras prácticas destinadas a “inculcar el miedo y mantener el control social”. Además, sin aportar prueba alguna más que entrevistas aisladas a opositores, señalaron a la “corrupción” como una de las principales causantes de la crisis económica que padece el pueblo venezolano.
El gobierno, por su parte, criticó duramente el informe y emitió una declaración de 70 puntos tildándolo de “selectivo y abiertamente sesgado”. Remarcaron que, de las 558 entrevistas realizadas, 460 de ellas involucraron a personas que no residen en Venezuela. Además, las voces de muchas organizaciones que se reunieron con Bachelet, entre ellas el Comité de Víctimas de la Guarimba, no fueron incluidas. “El informe de Bachelet invisibiliza a las víctimas y protege a los responsables de la violencia que ha causado al país tanto daño”, expresaron desde el Comité. Incluso un experto independiente de la ONU, Alfred de Zayas, criticó el informe calificándolo de “fundamentalmente defectuoso y decepcionante” y como una “oportunidad perdida” al no reflejar la realidad del país de forma objetiva. En cuanto a la situación económica, el principal problema que sufre Venezuela es consecuencia de bloqueo y las sanciones, no de una “corrupción” imaginada en la cabeza de Bachelet y demás operadores.
Pese a todo, el imperialismo continúa fracasando en sus planes destituyentes, mientras que la Revolución Bolivariana sigue bien firme, como quedó demostrado en el impresionante desfile cívico-militar del 5 de julio, donde las FANB marcharon cohesionadas junto al pueblo organizado en las Milicias Bolivarianas.
