COVID-19 – El gobierno nacional ante la pandemia: prevención e inclusión social

Ante la llegada a nuestro país de la pandemia global de Covid-19, el gobierno nacional mostró compromiso y prontitud. Realizamos un repaso por las principales medidas para hacer frente a los efectos del virus en la salud y la economía de los argentinos.

Somos un caso único en el mundo”, destacó el domingo el presidente Albero Fernández en relación al hecho de haber dispuesto la emergencia sanitaria por decreto, que permitió establecer el aislamiento social, preventivo y obligatorio ni bien comenzó el brote y que se extendió hasta el 13 de abril. De muestra sirve ver que la tasa de contagios de la Argentina es muy inferior a la de países hermanos como Brasil, Chile o Ecuador, que llevaron a cabo políticas bien distintas.

En el aspecto sanitario, el gobierno dispuso una serie de incrementos en partidas presupuestarias para garantizar la atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas, la construcción del Pabellón Sanidad en la Región I de Campo de Mayo, e incrementar las transferencias a provincias que corresponden al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Asimismo, incrementó el presupuesto del Ministerio de Salud con el objetivo de adquirir las vacunas del calendario nacional, y para solventar los insumos destinados a hospitales y laboratorios, e institutos de salud. También se dispuso un pago extraordinario al personal sanitario para los meses de abril, mayo, junio y julio.

Lo que se persigue con la cuarenta obligatoria es “achatar la curva de contagios”, con el objetivo de contar con el mayor tiempo posible para lograr la infraestructura adecuada, a los fines de dar respuestas en el momento de mayor cantidad de contagios (momento que todavía no llegó, pero todos los expertos coinciden en señalarlo como inevitable). En ese sentido, el gobierno inició la construcción de ocho hospitales modulares de emergencia que permitirán ampliar en 560 las camas de internación y ofrecer atención las 24 horas.

Además, en línea con la fijación de precios esenciales para productos de la canasta básica, los fabricantes nacionales de respiradores, barbijos, camas de internación, tubos de oxígeno y otros insumos necesarios para la atención de la pandemia recibieron la orden de aumentar su producción e informar al gobierno de su stock, para que este pueda comprar y distribuir en todo el país de acuerdo con la evolución de la crisis sanitaria. Así, se obligó al laboratorio de origen suizo Roche a donar al Estado unos reactivos para investigación que había distribuido sin autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) a laboratorios privados, para que también sean usados en el marco de la estrategia estatal. Respecto a la avaricia del gran capital concentrado (en casos como los más de mil despidos de Techint; las suspensiones sin goce en Swiss Medical; o el acaparamiento de productos en Farmacity) Fernández sostuvo que “les llegó la hora de ganar menos”, y no permitirá que se deje desamparado a los ciudadanos en plena pandemia.

Respecto a este último aspecto, cabe destacar el dato que arroja un relevamiento nacional de la encuestadora Analogías, que señala una aceptación del 82 por ciento de los encuestados con el hecho de que el Estado tome el control de la producción y la distribución de bienes esenciales en caso de que los empresarios especulen con los precios.

Las disposiciones gubernamentales apuntaron a paliar las consecuencias que naturalmente se derivan de un parate de estas dimensiones. Por eso, hablar de ‘vidas humanas’ o ‘economía’ es un falso dilema, ya que el Estado actuó en consecuencia. Desde que comenzó la pandemia, se estableció el congelamiento temporario de alquileres, créditos hipotecarios y uva, junto con la suspensión de desalojos hasta el 30 de septiembre. En materia productiva, se establecieron nuevos créditos a las pymes para el pago de sueldos a una tasa fija no superior al 24% anual y para afrontar capital de trabajo; se eximió de cargas patronales a los sectores afectados por la pandemia, se amplió el programa REPRO, se reforzó el seguro de desempleo e incrementó el presupuesto destinado a la obra pública. Con el mismo propósito, se relanzará el programa Procrear y se renovará el Programa Ahora 12.

Para las economías domésticas amenazadas por la pandemia, se estableció la suspensión temporaria por 180 días del corte de servicios por falta de pago en energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e internet y televisión por cable; se estableció también un Ingreso Familiar de Emergencia de 10.000 pesos para desocupados, informales, trabajadores de casas particulares y monotributistas de las categorías más bajas.