UNA OFENSIVA QUE NO PUEDE PASAR

Extranjerización es saqueo

El 6 de agosto el Senado volverá a intentar tratar la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el gobierno de Javier Milei y cuestionada por las organizaciones del campo nacional y popular, que la rebautizaron como la “Ley de Extranjerización”. El tratamiento de la iniciativa ya había sufrido sucesivas postergaciones por la falta de votos del oficialismo. Ese mismo día habrá una gran manifestación para frenar su aprobación.

Una ley neocolonial

La legislación vigente en cuanto a la tenencia de la tierra, si bien permite la alta concentración (como sucede en la actualidad), reconoce también que el Estado puede intervenir para evitar la extranjerización de la misma. La reforma reduce la regulación a casos excepcionales, mientras deja fuera de control a los grandes fondos de inversión y corporaciones internacionales, hoy los principales actores del mercado global de tierras y principales saqueadores de países del tercer mundo. No se trata de una simple modificación técnica o normativa. Lo que busca el gobierno es la entrega total de nuestro territorio a los fondos buitre, a las grandes multinacionales y a la nueva casta de magnates tecno-fascistas (Elon Musk, Peter Thiel, Jeff Bezos, etc).

La tierra es un bien estratégico que debería ser regulado en función del interés nacional. Eso es lo que está atacando este gobierno. Si los argentinos ya padecemos la alta concentración de la propiedad, las consecuencias de este nuevo avance reaccionario solo puede empeorar la situación. De aprobarse también aumentaría el precio de la tierra en las zonas más demandadas y dificultaría el desarrollo de productores locales, comunidades rurales y nuevos emprendimientos productivos de interés regional. A esto se suman las restricciones al acceso a ríos, lagos, nacientes y caminos rurales.

El Gobierno intenta justificar la reforma apelando a la defensa de la propiedad privada y citando artículos de la Constitución de 1853 sobre los derechos de los extranjeros. Sin embargo, esos principios fueron concebidos para promover la inmigración de trabajadores y el poblamiento del país, no para facilitar que grandes capitales internacionales se apropien de nuestras tierras y recursos naturales estratégicos. Hoy buena parte de esas inversiones operan mediante estructuras societarias y mecanismos de resolución de conflictos en tribunales extranjeros, algo que, no solo limita la capacidad del Estado argentino para intervenir, sino que también complica a un futuro gobierno el día que queramos retrotraer la situación.

Esta ofensiva tampoco surge de la nada. Durante el gobierno de Mauricio Macri ya se habían flexibilizado aspectos centrales de la Ley 26.737. El proyecto actual va un paso más allá, para terminar de desmontar buena parte de la política pública construida para monitorear la extranjerización del territorio. No hablamos de un proyecto aislado, ya que forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo -como la derogación de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, los cambios sobre la Ley de Glaciares y el RIGI- que avanzan en la misma dirección.

Que limites quieren eliminar

Desaparece el tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras; se elimina el límite por nacionalidad dentro de ese porcentaje y también el máximo de hectáreas que puede adquirir un mismo titular según la ubicación y la calidad productiva de las tierras. La reforma también elimina las restricciones sobre tierras fronterizas y aquellas con acceso a ríos, lagos y otros recursos hídricos. Lo mismo sucede con el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, que desaparece, y reduce las obligaciones de información para los propietarios extranjeros.

Un antecedente histórico

Valle Hermoso es un pueblo riojano que en 2008 quedó incluido en la venta de 200.000 hectáreas a un empresario estadounidense en una operación que incluyó a sus habitantes, escuela, capilla, puesto sanitario y fuentes de agua. Todo un pueblo cercado en un claro ejemplo de latifundio que nos recuerda a la época Feudal. El caso fue uno de los principales antecedentes que impulsó, durante la presidencia de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, la sanción de la Ley de Tierras de 2011, que fijó los límites actuales a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Defender la Soberanía

Este gobierno cipayo y entreguista viene a agravar un problema que de por sí ya era grave, teniendo en cuenta que las 13 millones de hectáreas de tierras rurales que hoy están en manos extranjeras equivalen a casi 11 Islas Malvinas o a 660 Ciudades de Buenos Aires. Es indispensable frenar este avance colonial sobre nuestra Patria.

ALGUNOS DE LOS MAYORES PROPIETARIOS EXTRANJEROS DE TIERRAS EN ARGENTINA

  • GRUPO BENETTON (Italia) – 900.000 hectáreas
    Es el mayor terrateniente extranjero del país. A través de la Compañía de Tierras Sud Argentino controla alrededor de 900.000 hectáreas distribuidas entre Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, donde desarrolla actividades ganaderas, forestales y mineras.
  • GRUPO WALBROOK / NIEVES DE MENDOZA (Malasia – Reino Unido) – 145.460 hectáreas
    Controla una extensa superficie en el sur de Mendoza, incluyendo zonas de gran valor turístico y estratégico como Las Leñas, Los Molles, Valle Hermoso y otros sectores cordilleranos con importantes reservas de agua.
  • FAMILIA NETTIS (Italia) – 418.000 hectáreas
    El grupo italiano figura entre los principales propietarios extranjeros del país, con más de 400.000 hectáreas destinadas principalmente a actividades agropecuarias y ganaderas.
  • ELI MEIR LIBERSOHN (Estados Unidos) – 340.000 hectáreas
    El empresario y rabino estadounidense posee unas 340.000 hectáreas entre La Rioja y la Patagonia, convirtiéndose en uno de los mayores propietarios individuales de tierras rurales de la Argentina.
  • ARAUCO / ALTO PARANÁ (Chile) – 233.000 hectáreas
    La empresa forestal chilena concentra más de 230.000 hectáreas, principalmente en Misiones, donde desarrolla una de las mayores explotaciones forestales del país.
  • GRUPO AL-KHORAYEF (Arabia Saudita) – 200.000 hectáreas
    El conglomerado saudí aparece entre los grandes propietarios extranjeros con alrededor de 200.000 hectáreas vinculadas a inversiones agropecuarias.
  • PETER LEE MCBRIDE (Estados Unidos) – 469.000 hectáreas
    Es uno de los mayores propietarios extranjeros del país y controla él solo el 5% del territorio de la provincia de Catamarca. Se lo conoce por mantener conflictos con comunidades campesinas por la posesión de tierras.
  • GRUPO SOMUNCURÁ PATAGONIA S.A. (Francia) – 155.000 hectáreas
    Posee unas 155.000 hectáreas en Río Negro, en una región de alto valor ambiental y estratégico de la meseta de Somuncurá.
  • JOE LEWIS (Reino Unido) – 14.000 a 38.000 hectáreas
    Dueño de las tierras que rodean Lago Escondido, uno de los casos más emblemáticos por el conflicto sobre el acceso público al lago. Hay contradicciones en las fuentes sobre la verdadera cantidad de tierra que ocupa.
  • GOLDCORP (Canadá) – 130.000 hectáreas
    La minera canadiense posee alrededor de 130.000 hectáreas asociadas a emprendimientos metalíferos en la Patagonia, especialmente en Santa Cruz, una de las provincias con mayor actividad minera del país.

LOS DEPARTAMENTOS DONDE LA EXTRANJERIZACIÓN YA SUPERA EL LÍMITE LEGAL

  • SALTA: la provincia con más casos
    Es la jurisdicción con mayor cantidad de departamentos por encima del límite del 15% fijado por la Ley de Tierras. Encabeza el ranking San Carlos (60%), seguido por Molinos (58%), Guachipas (34%), General Güemes (29%), La Viña (28%), Cerrillos (25%), Cafayate (23%), Orán (23%) y Chicoana (16%). Se trata de una región donde coinciden recursos hídricos estratégicos, proyectos mineros y comunidades indígenas.
  • MISIONES: cinco departamentos superan el tope legal
    La provincia registra altos niveles de extranjerización en Iguazú (40%), Montecarlo (18%), General San Martín (17%), Eldorado (16%) y Concepción (16%), principalmente vinculados a la actividad forestal.
  • JUJUY: tres departamentos por encima del límite
    Los casos corresponden a Humahuaca (26%), San Pedro (21%) y El Carmen (15%), en una provincia atravesada por proyectos mineros y recursos estratégicos.
  • SANTIAGO DEL ESTERO: tres departamentos exceden el 15%
    Los departamentos de Jiménez (16%), Aguirre (15%) y Belgrano (15%) ya superan el máximo permitido por la ley.
  • LA RIOJA: uno de los porcentajes más altos del país
    Sobresale General Lamadrid, donde el 57% de la superficie rural está en manos extranjeras, además de Chilecito (15%).
  • CATAMARCA: minería y extranjerización
    Los departamentos de Tinogasta (27%) y Paclín (21%) exceden el límite legal y concentran importantes proyectos mineros junto con ambientes glaciares y periglaciares.
  • SAN JUAN: agua y minería en el centro del debate
    Los departamentos de Iglesia (25%) y San Martín (20%) superan el tope legal y forman parte de una de las principales zonas mineras de la cordillera.
  • CORRIENTES: dos departamentos con fuerte presencia extranjera
    Ituzaingó (34%) y Berón de Astrada (33%) figuran entre los casos más elevados del litoral argentino.
  • BUENOS AIRES: Campana y Zárate
    Los partidos de Campana (50%) y Zárate (25%) duplican y superan ampliamente el límite establecido por la Ley de Tierras.
  • Otras provincias que también superan el límite
    Completan el listado Lácar (Neuquén, 54%), Magallanes (Santa Cruz, 26%), Cushamen (Chubut, 23%), Garay (Santa Fe, 16%), Cruz Alta (Tucumán, 16%) y Malargüe (Mendoza, 15%). Este último caso resulta especialmente grave porque, aunque apenas supera el porcentaje permitido, concentra más de 608.000 hectáreas en manos extranjeras, una de las mayores superficies registradas en todo el país.