El desafío de crecer con redistribución
Desde el inicio de la presidencia de Macri, la inflación se disparó ubicándose en los niveles más altos de los últimos 14 años. La devaluación acompañó y aceleró el proceso, como no podía ser de otra manera. En tan solo un año algunos rubros se incrementaron el 100 por ciento y la inflación llegó a casi el 54 por ciento en 2019.
Para este año, el gobierno nacional tiene como objetivo mejorar los salarios tras cinco años de retrocesos. La recuperación de empleos es necesaria también para la recomposición de los ingresos: en una economía diezmada, una masa enorme de desocupados inclina aún más la balanza hacia el capital. Los números de noviembre de 2020 muestran que se recuperaron 189.000 empleos y asoma la recuperación de la actividad económica de la industria, construcción y comercio que reflejan un repunte sostenido en actividades y representan el 48% del empleo registrado.
Si el año 2020 inició con cierta desaceleración inflacionaria y aumentos acotados, la inflación volvió a crecer rápidamente junto con la recuperación de la economía y llegó a alcanzar desde diciembre el 4% mensual. En febrero la Canasta Básica Alimentaria (CBA, que marca el umbral de la indigencia) tuvo un aumento mensual del 3,6%. En tanto, la Canasta Básica Total (CBT, que mide la pobreza) subió un 2,7% en el mismo mes. La diferencia entre ambas se explica por la fuerte suba que se registró en el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el principal rubro de la CBA. En febrero, un hogar compuesto por 4 integrantes (dos adultos y dos menores) necesitó $ 24.575 para no ser indigente y $ 57.997 para no ser pobre.
Más allá de la propia inercia inflacionaria que nos legó Cambiemos, el escenario internacional actual empuja hacia arriba los precios locales a través de los aumentos que experimentan a nivel global los productos agropecuarios y el petróleo. Empresas monopólicas que producen la comida y los productos básicos tienen la capacidad de retener la mercadería y esperar para venderla más cara, boicotear regulaciones de precios y controles estatales. El conflicto con un sector del campo es otra fuente de tensión. La decisión del grupo Clarín de aplicar un aumento del 20% en el abono de las telecomunicaciones y TV por cable pese a la medida oficial de autorizar sólo un 5%, es una señal clara de la oposición general del establishment hacia el gobierno de Alberto y Cristina.
El Presupuesto 2021 destina recursos muy importantes a la obra pública y la vivienda que servirán como llave para dinamizar la economía y el empleo. Los dos bonos de 1.500 pesos que cobrará en marzo y abril el 70% de las personas jubiladas y quienes perciben asignaciones familiares, así como los aumentos pactados en la paritaria docente, van en la dirección de que los ingresos de los trabajadores prevalezcan sobre los precios.
Con la mirada puesta en las tareas necesarias, Cristina señaló en diciembre 2020 que el desafío era el crecimiento económico, pero con redistribución de los ingresos: “yo no quiero que el crecimiento de 2021 se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Y para esto hay que alinear salarios y jubilaciones, precios -sobre todo de los alimentos- y tarifas (…) Es necesario que pongamos mucho esfuerzo el año que viene para que los precios de los alimentos, los salarios y las tarifas vuelvan a alienarse en un círculo virtuoso que permita aumentar la demanda y la actividad económica. Esto es vital. Yo sé que cuesta y que hay muchos intereses”.
- El gobierno creó un régimen por el cual las grandes empresas deberán informar todos los meses los precios de sus productos, las cantidades vendidas y los stocks de bienes finales e intermedios. El mecanismo busca tener la información que indique los faltantes de mercadería y su eventual relación con los incrementos de precios que se produzcan en esos sectores.
- El crecimiento de la jubilación mínima supera en un 16% a la inflación del periodo enero-marzo de 2021. La paritaria nacional docente cerró un aumento escalonado del 35% en tres cuotas, superior al 29% de inflación previsto en el presupuesto nacional, pero con una cláusula de revisión que permitiría recuperar la diferencia si el número final del IPC fuera más alto.
- A fines de 2020 los salarios terminaron un 24% por debajo de los niveles de 2015. La perspectiva para 2021 requiere de políticas públicas contra la desigualdad, acentuada por la doble pandemia. El aumento del empleo y los salarios requerirá contener los principales factores que ejercen las presiones inflacionarias: devaluación, tarifas y remarcación de precios de los bienes básicos.
