A TIRO DE DECRETO
A la medida del poder real
La derecha gobernante proyecta reditar las políticas y recetas neoliberales que nos llevaron al infierno del 2001. Con voracidad se ha entregado a la tarea de desmantelar el Proyecto Nacional.
En su primer mes de gobierno, Mauricio Macri pretende cambiar la Argentina a puro decretazo y así destruir los avances políticos, económicos y sociales de los últimos 12 años de gobiernos kirchneristas. Con una marcada tendencia autoritaria y con maniobras ilegítimas avanza de facto sobre derechos, reprimiendo y criminalizando la protesta. Algunas medidas para señalar.
El Decreto Nº 13 por el cual Macri nombra a dos jueces supremos en comisión hasta marzo. Según señala el decreto, estos vendrían a ser dos empleados que el Poder Ejecutivo puede nombrar por un tiempo determinado y por supuesto dar de baja en el caso de que no resulten funcionales para sus propósitos. La maniobra resultó tan escandalosa que tuvieron que frizarla hasta febrero, con el acuerdo del supremo Lorenzetti.
Una serie de DNU derogaron de hecho la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El DNU Nº 267 disuelve la Afsca y la Aftic, así como el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y crea el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), dentro del Ministerio de Comunicaciones a cargo de Aguad. Prorroga las licencias actuales por diez años, amplía la cantidad de licencias que podrá tener un sólo medio y permite su transferencia.
El 14 de diciembre, a través del Decreto 133, cumplía con su promesa de eliminar las retenciones para el trigo, el maíz, la carne y una reducción del 35 al 30% para la soja. La eliminación de retenciones para el sector agropecuario y para la industria representa una descomunal transferencia de recursos por parte del Estado, de la sociedad a las corporaciones. El 16, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, anuncia el fin de las restricciones cambiarias. Se promovió así una devaluación que superó el 40 por ciento. Un duro golpe al bolsillo de los sectores populares.
Aranguren, (ex titular de Shell en la Argentina) oficializó la quita de subsidios en el servicio eléctrico y de gas. A partir de febrero se verá reflejado en las boletas el impacto en el bolsillo que tendrá la medida. El 15, mediante un DNU imponían la “emergencia eléctrica”, que otorga al ministro amplias facultades para rediseñar un nuevo esquema de oferta y demanda de la electricidad.
El gobierno declaró otra “emergencia” nacional en seguridad. El 22 de diciembre la Gendarmería reprimió con balas de goma a los trabajadores de Cresta Roja que protestaban en la Autopista Ricchieri. En La Plata, los municipales despedidos fueron reprimidos por la infantería de la Policía Bonaerense cuando protestaban. La emergencia en seguridad y el postulado protocolo para reglamentar la protesta social muestran la preocupación del macrismo por cómo enfrentar la creciente conflictividad social ante la batería de medidas antipopulares y los despidos masivos.
Desde Modernización, Ibarra declaró que se examinarían 24 mil contratos de trabajadores del Estado. Por decreto de necesidad y urgencia -13/15- se modificó la ley de ministerios creando 4 nuevos con sus respectivas estructuras burocráticas. Al mismo tiempo, se dispone la revisión de los contratos y los concursos del personal de la Administración Pública, desde el 2013 a la fecha, sin participación gremial de ningún tipo. Todo esto montado sobre la estigmatización constante, con calificativos como “ñoquis” y “grasa militante”, y la persecución político-ideológica sin disimulo de las trabajadoras y trabajadores del estado. Los despidos se vienen repitiendo en cada dependencia y la sangría llega al sector privado.
