VOLTEAR EL DNU 70/23

Para salvar los derechos conquistados y la soberanía nacional

El pasado 15 de octubre decenas de miles de compatriotas se movilizaron en la 5ta Marcha Federal Universitaria al Congreso de la Nación para, por un lado, derogar el DNU 70/2023 (que desreguló cientos de actividades y que funcionó como una cuasi reforma constitucional) y, por el otro, reclamar la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada cinco veces en el Poder Legislativo y que el Ejecutivo se niega a aplicar -norma que actualiza sueldos, becas y diversos fondos para la educación superior según la inflación acumulada desde diciembre de 2023-. Si bien Milei sabe que tiene a la casta judicial mafiosa de Comodoro Py de su lado para blindar todas sus decisiones, por más ilegales e ilegítimas que sean, el pueblo tiene el número y las calles para luchar. Lamentablemente ese día no hubo quórum y la sesión fracasó, particularmente por el faltazo de algunos legisladores supuestamente opositores al gobierno. Se sentaron en sus bancas 121 legisladores -8 menos de los que hacían falta- y hubo 136 ausentes (la mayoría de La Libertad Avanza y del PRO). Pese a que la marcha terminó con represión, se pudo leer el documento principal, que resaltaba “la derogación del DNU 70/23 que anula leyes emanadas del Congreso de la Nación y declara otras que no han sido sometidas al necesario debate parlamentario” y como “las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene. Argentina va a terminar, por tercer año consecutivo, con uno de los gastos públicos en educación superior más bajos de América Latina.” Así concluía la jornada de lucha pero con miras a redoblar los esfuerzos y unificar todos los reclamos, principalmente contra el DNU base de Milei.

¿Que implicó el DNU?

El DNU 70/2023, bautizado por el Gobierno como “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, no fue un simple decreto, sino más bien, como dijimos, una cuasi reforma constitucional que deshizo décadas de legislación conquistada en las luchas de la clase trabajadora y del pueblo. Un machetazo a leyes que, bien o mal, otorgaban un piso de protección en los diferentes ámbitos de la vida económico-social del país. Al derogar de un plumazo normativas históricas (como enumeramos en las columnas de esta misma sección) el Estado decidió atarse las manos y dejar que los peces más grandes (principalmente las grandes corporaciones extranjeras y fondos buitre) se coman a los más chicos (el pueblo trabajador y las pequeñas y medianas empresas). Su meta de fondo, en lo laboral, es incrementar la explotación, no solo abaratando despidos o estirando los períodos de prueba, sino también precarizando y desprotegiendo aún más aquellos empleos que todavía resisten dentro de la formalidad. A nivel soberanía, el panorama es igual de preocupante ya que le abre las puertas a la privatización de las pocas empresas públicas que nos quedan y borra los límites para que los capitales extranjeros se apropien sin control alguno de las tierras y recursos estratégicos del país. Es un decreto hecho para rifar el patrimonio nacional al mejor postor.

Un modelo agotado

No fue casualidad que en el mismo momento que la policía reprimía la manifestación, Milei se encontraba en Estados Unidos en la sede de la Cámara de Comercio en Washington para defender su modelo de saqueo frente a sus amos. Mientras daba su discurso delirante y violento (negando que los argentinos no llegamos a fin de mes, insultando a diestra y siniestra, tildando a Lula Da Silva de “dictador comunista”, entre otras barbaridades) las acciones y bonos argentinos se derrumbaban y crecía el riesgo país, indicador asociado a la confianza de repago de los inversores. Es decir, a pesar de ir al centro del imperialismo a lamer botas y conseguir que el DNU continúe vigente, los “mercados” le continúan dando la espalda. No por nada las tasas de inversión con Milei son más bajas que con Alberto Fernández. La historia demuestra que agacharse ante los poderosos y entregarles todo a cambio de nada, no genera más producción, ni más trabajo, ni más prosperidad, sino todo lo contrario. Por eso la importancia de tirar por la borda este megadecreto neocolonial, hecho a medida del imperialismo, y presentar una alternativa popular de cara a las elecciones del próximo año. Mientras tanto, continúa la lucha. Todavía existe la posibilidad de volver a convocar una nueva sesión para derogar el DNU. Tenemos el antecedente de la ley de tierras, donde la movilización y las presiones parlamentarias obligaron al gobierno a dar marcha atrás y restituirla (creyendo que sacándose ese artículo de encima blindaban el resto del decreto). Es imprescindible continuar concientizando a nuestros compatriotas laburantes sobre la necesidad de organizarse y dar la pelea.

El impacto del DNU

• Reforma laboral: El DNU flexibilizó las relaciones laborales y modificó las condiciones de contratación y despidos (reduciendo protecciones, quitando sanciones a empleadores informales, poniendo tope a las indemnizaciones, prohibiciones al derecho a huelga, entre otros). Además el artículo 71 propone extender el período de prueba de 3 a 8 meses, durante los cuales se puede despedir sin indemnización. Si bien el capítulo laboral fue suspendido judicialmente, se aprobaron por separado varias reformas posteriores mediante la Ley Bases 27.742. El resultado en estos tres años fue un aumento de la desocupación del 5,7% en 2023 al 7,9% en la actualidad. Todo lo contrario a lo que plantean los dogmáticos de la flexibilización laboral.
• Ley de Alquileres: Los artículos 255 a 263 del DNU modificaron el régimen de alquileres y derogaron la Ley 27.551. Se liberaron todas las condiciones de contratación, la moneda de pago y los mecanismos de actualización. Además se habilitó la rescisión anticipada por parte del inquilino pagando el 10% del alquiler futuro pendiente. Milei prometió que liberar el mercado aumentaría la oferta de viviendas y bajarían los precios del alquiler, pero los inquilinos están hoy ante una desprotección total y pagando alquileres muchísimo mas altos en relación al poder adquisitivo del salario. La mayor oferta se explica porque decenas de miles de inquilinos dejaron de alquilar, muchos de ellos volviendo a la casa de los padres o compartiendo pisos con otras personas.
• Prepagas: El DNU modificó la Ley 26.682 y derogó el decreto 743/2022 que establecía un límite a los aumentos. Ese régimen contemplaba un tope del 90% de la variación del RIPTE para titulares con ingresos inferiores a 6 salarios mínimos. La desregulación permitió a las empresas a cobrar lo que se les canta. Y, al ser pocas, en el mercado funcionan de forma oligopólica. Desde 2023, más de un millón de personas se quedaron sin obra social, prepaga ni mutual y pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud (según datos de la Encuesta Permanente de Hogares).
• Créditos y tarjetas de crédito: Los artículos 14 a 23 del DNU modificaron la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito. Antes había un límite estricto a los intereses punitorios (los que cobran si se paga menos del mínimo o hay atraso en el pago). No podían superar el 50% de la tasa de interés financiera que aplicaba el mismo banco. Ese tope ahora se eliminó y el banco o emisor puede fijar la tasa de interés que quiera. También se sacaron las comisiones máximas para comercios (un máximo de 3% para crédito y de 1,5% para débito). Ahora esas tasas se liberaron y en la práctica los comercios chicos están manejando costos de comisión más altos, que a la vez están obligados a trasladarlos al precio final que paga el consumidor (o genera que nuevos locales no acepten tarjeta directamente). En cuanto a la desregulación de los créditos bancarios y de plataformas, desde que asumió Milei la mora por imposibilidad de pagar semejantes tasas de interés está en record histórico.
• Ley de Tierras: El artículo 154 del DNU derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que ponía límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. La norma fijaba un límite general del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, además de restricciones específicas para determinadas situaciones (casos de fronteras). En la actualidad y gracias a la movilización del pueblo, el Poder Judicial, luego de un primer fallo adverso y anti popular, finalmente suspendió el 9 de octubre la derogación, por lo que hoy la ley sigue vigente.
• Privatizaciones: Los artículos 48 a 52 del DNU establecen la transformación de empresas y sociedades con participación estatal nacional en sociedades anónimas. La idea del gobierno es rematar todo activo estatal de forma rápida y sencilla. Hasta ahora privatizaron la metalúrgica IMPSA, vendida al consorcio estadounidense IAF (ARC Energy); las centrales hidroeléctricas del Comahue (Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito y Cerros Colorados); CITELEC, controlante de Transener, a la empresa Genneia y Edison Energía; la hidrovía Paraná-Paraguay bajo una concesión de 25 años; y diversos Corredores Viales. Las próximas empresas que buscan rematar son Aysa, Belgrano Cargas, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, ENARSA, Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio (YCRT) y Trenes Argentinos (SOFSE).
• Ley de Góndolas: El DNU derogó la Ley 27.545 sancionada en 2020. Esa norma buscaba promover la competencia y ampliar la presencia de productos de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y productores regionales. Evitaba que las grandes cadenas concentraran todavía más poder sobre qué productos llegan a las góndolas y bajo qué condiciones. Esta desregulación no hizo más que favorecer a los grandes monopolios en desmedro de las PyMEs.
• Ley de Abastecimiento: El DNU derogó también la Ley 20.680, vigente desde 1974, que permitía al Estado intervenir ante determinadas situaciones vinculadas con el acaparamiento, el desabastecimiento y las distorsiones en los mercados de bienes y servicios esenciales. Esto permitía al Estado proteger a la población frente a los monopolios. Durante el año 2013 por ejemplo, CFK la aplicó obligando a los acopiadores de trigo y harina de trigo a abastecer el mercado interno. También se utilizó en 2011 cuando el gobierno obligó a Shell a retrotraer aumentos de combustibles de entre el 2% y el 3,6%.
• Financiamiento universitario: El DNU no recortó directamente el presupuesto universitario, pero forma parte del programa de ajuste y desregulación que permite dicho decreto. Por ejemplo, entre enero y septiembre, los recursos ejecutados por estudiante fueron un 30,2% inferiores a los de 2023, descontando la inflación. Según un informe de la CONADU los salarios docentes universitarios están un 34% por debajo de noviembre de 2023. Por ejemplo, un cargo de auxiliar de primera, con dedicación simple y diez años de antigüedad, cobraba $421.236 en septiembre de 2026. La dedicación simple equivale a unas nueve horas semanales de trabajo asignado, aunque las tareas de preparación, corrección e investigación pueden extenderse fuera de ese horario.
• Medicamentos: El artículo 264 del DNU derogó la Ley 27.113, que había creado la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), que promovía la producción estatal de medicamentos, vacunas e insumos médicos. La ANLAP articulaba una red de más de 35 laboratorios dependientes de organismos nacionales, provinciales, municipales y universidades. Entre 2019 y 2022 los laboratorios públicos proveyeron al Ministerio de Salud 71.404.950 unidades de medicamentos. Además, la ANLAP había otorgado 38 subsidios a proyectos de infraestructura, equipamiento, investigación y producción, con una inversión de $515 millones de aquel período. En 2024 el programa quedó reducido a una estructura absorbida por Salud y se ejecutaron apenas $238,8 millones nominales, destinados solamente a gastos de personal.