Desde el inicio de la cuarentena, en distintos lugares del país las policías provinciales y las fuerzas federales reiteraron viejas prácticas violentas, algunas graves como torturas y ejecuciones y la desaparición de personas.
En Tucumán, a Luis Espinoza le pegaron un tiro y lo desaparecieron. Su cuerpo apareció unos días después. Ariel Valerian en Jujuy fue atacado por una banda policial que lo molió a golpes, agonizó 29 días en el hospital. Las fuerzas provinciales en Chaco entraron a la fuerza, violentando y golpeando a jóvenes, de la comunidad QOM. Un policía mató de un balazo en el pecho a Alan Maidana en Berazategui. Lucas Verón fue asesinado en La Matanza por la Bonaerense. Facundo Escalso, otro caso de gatillo fácil a manos de la Gendarmería, en el Bajo Flores. Estas son solo algunas de las víctimas recientes de la violencia institucional.
Las fuerzas de seguridad tienen una larga historia de accionar represivo y manejos delincuenciales. Han servido para reprimir al pueblo, son funcionales a la criminalización de la pobreza y la juventud, junto con los poderes judiciales que los amparan y los dejan ser, y al servicio de los sectores dominantes han sabido aprovechar su conocimiento del terreno para crear climas de inseguridad y zozobra política y social. Luego de que el gendarme Diego Rocha quedara con prisión preventiva por el crimen de Facundo Escalso, Patricia Bullrich tuiteó: “Acaban de tirar al primer gendarme por la ventana”. No es una bravata más, es una bajada de línea para las fuerzas de seguridad, en especial la Gendarmería que tuvo amplio protagonismo y amparo en el gobierno de la alianza Cambiemos. En 2012, esta fuerza junto a Prefectura (responsables de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel bajo el macrismo) fueron protagonistas de un acuartelamiento para presionar al gobierno de la compañera Cristina.
La Policía Bonaerense cuenta con casi 100 mil efectivos y tiene influencia sobre la mitad de la población argentina. A casi tres meses de la desaparición de Facundo Castro no se sabe qué sucedió. La Bonaerense y la Justicia dilataron su búsqueda, la familia denuncia todo tipo de maniobras. El actual fiscal federal de Bahía Blanca a cargo de la causa por desaparición forzada, sobre quien pesa un pedido para que se lo aparte del expediente, es Ulpiano Martínez, personaje de largo prontuario en la justicia federal. Entre 2009 y 2015 Martínez subrogó en dos juzgados federales bahienses. En abril de 2010 se negó al pedido de extradición del genocida Astiz para que fuera juzgado en Francia por los casos de las monjas desaparecidas Duquet y Domon. Ese mismo año, falló a favor del Grupo Clarín respecto a medidas cautelares relacionadas a la Ley de Medios. En 2014 fue parte del dispositivo judicial que permitió la impunidad de Vicente Massot, y la lista sigue. En 2018, pese a las impugnaciones presentadas por organizaciones de derechos humanos, el Senado lo designó (a sugerencia del gobierno de Macri) al frente de la Fiscalía Federal N° 2 de Bahía Blanca.
La desaparición de Facundo Astudillo Castro es un caso emblemático de cómo actúan las fuerzas de seguridad junto a la complicidad judicial y el oportunismo de la oposición política. No son errores, son el resultado de determinadas prácticas institucionales que fueron amparadas y fomentadas en su momento por la ex ministra Bullrich y Macri, los defensores de la doctrina Chocobar, una reedición de la impunidad de las policías bravas al servicio del poder real.
La campaña y el reclamo por la aparición de Facundo es más que necesaria. Las situaciones de los últimos meses tienen que poner en alerta a la sociedad, y a la violencia institucional en la lista de los temas prioritarios. El presidente Alberto Fernandez y el gobernador Axel Kicillof expresaron que este es un tema de primera magnitud y la Secretaría de Derechos Humanos está desarrollando un proyecto de ley contra estos delitos. En este marco, vuelve a tomar fuerza un viejo reclamo para una reforma de las fuerzas policiales de todo el país, pero que ahora contemple también al propio Poder Judicial.
