Mientras la Patria de Chávez se encamina a celebrar elecciones parlamentarias en plena contraofensiva contra la guerra económica, Estados Unidos y sus títeres continúan ejerciendo presiones diplomáticas y militares para deslegitimar los comicios.
A fines de septiembre, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, inició una gira por cuatro naciones sudamericanas: Brasil, Colombia, Guyana y Surinam. El objetivo fue doble: por un lado, incrementar la presión contra Venezuela Bolivariana a través del Grupo de Lima y, por el otro, atacar los intereses de China Popular en la región. Pompeo se convirtió en el primer secretario de Estado yanqui en visitar Guyana y Surinam, dos pequeñas naciones donde recientemente se descubrieron grandes reservas de petróleo y en donde China ya se encuentra negociando inversiones en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En ese contexto, EE.UU. comenzó una campaña desesperada en su “patio trasero” para mantener el oligopolio de los mercados en la región. Pompeo, además, anunció que su país destinará 348 millones de dólares para “ayudar a los refugiados venezolanos”: es decir, incrementarán la financiación de grupos contrarrevolucionarios y paramilitares para ejercer presión en las fronteras de Venezuela.
Bajo esta misma estrategia, el 6 de octubre, el Grupo de Lima presentó una resolución en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que instaba a la permanencia de una misión “independiente” en territorio venezolano con el objetivo de dar por válido el absurdo “informe Bachelet” y así profundizar las sanciones contra el país. Esta misión y su informe son cuestionados por Venezuela por estar “plagado de falsedades” y carecer de “rigor metodológico”. Por eso, ese mismo día, también se presentó una contraresolución patrocinada por Irán, Siria, Turquía y Venezuela, para fortalecer la cooperación entre la Comisión de DD.HH. de la ONU y el gobierno venezolano; propuesta que finalmente se impuso, pese a que Argentina lamentablemente se abstuvo y votó a favor de la primera. Desde el PCCE repudiamos esta posición de política exterior impulsada por la Cancillería argentina. El 13 de octubre, el Grupo de Lima suscribió un documento (que nuestro país no firmó) buscando deslegitimar la convocatoria a elecciones en Venezuela, sosteniendo a Juan Guaidó como “Presidente interino” y apoyando la continuidad de las sanciones imperialistas. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, fue contundente al mostrar la hipocresía y la falta de objetividad de los títeres del imperialismo: “Suponemos que el fracasado Grupo de Lima discutió con mucha dedicación las masacres, violencia, represión y expansión del narcotráfico en Colombia, en donde están viviendo una verdadera catástrofe en materia de derechos humanos”.
Mientras las presiones diplomáticas aumentan, también lo hacen las sanciones y las incursiones militares contra el territorio soberano de Venezuela. El 10 de octubre, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el ejército de Colombia está formando a más de mil paramilitares que pretenden infiltrarse en el país y “sabotear el clima político y electoral”. Maduro recordó que en mayo pasado ya hubo un intento de infiltración fallido en el que murieron 8 personas y fueron detenidos 66 mercenarios. Entre los arrestados había dos ex boinas verdes yanquis: Luke Denman y Airan Berry, ambos empleados de la contratista militar Silvercorp. En aquel intento de incursión los mercenarios se habían entrenado en Colombia y había zarpado desde las costas de ese país. Uno de los arrestados confesó que tenían órdenes de ocupar un aeropuerto cercano a Caracas y secuestrar al presidente Maduro. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB) pudieron desbaratar rápidamente la intentona terrorista.
Mientras más cercanos los comicios del 6 de diciembre, más agresivo se torna el imperialismo y gran parte de la oposición venezolana. En estas semanas se ha agudizado una interna entre diversos sectores de la oposición, algunos de ellos dispuestos a participar en las elecciones. El oficialismo, que sigue manteniendo una unidad popular clara, está buscando que parte de la derecha participe en los comicios de forma democrática. Eso les otorgaría mayor legitimidad a las elecciones, gane quien gane.
En paralelo, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una Ley Antibloqueo cuyo objetivo es atraer inversiones extranjeras y protegerlas mediante secreto de Estado para que puedan saltearse las sanciones del imperialismo yanqui. “Venezuela ha perdido desde 2014 el 99% de sus ingresos, mientras que 30 mil millones de dólares se encuentran congelados en bancos internacionales, tras las criminales medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos”, denunció la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. Es fundamental tener en claro esta realidad para comprender la actual situación del hermano país.
