Alimentos e inflación: el poder concentrado que multiplica la pobreza

A pesar de este panorama, el gobierno pudo desplegar una serie de medidas que pudieron morigerar la profunda crisis producida por la doble pandemia y el 2020 culminó con una inflación de 18.4 puntos por debajo del índice macrista y diciembre cerró con la menor inflación acumulada de los últimos 2 años y medio. Sin embargo, la inflación sigue siendo uno de los temas más complejos que encara el gobierno porque impacta de manera directa en las cifras de pobreza e implica una puja con los sectores concentrados de la economía.

El aumento de la pobreza en el segundo semestre del año pasado tiene como explicación principal la disparada de precios de los alimentos. La canasta básica alimentaria subió casi 10 puntos por encima de la inflación general. La situación empeoró en el primer bimestre de este año: la canasta de alimentos aumentó al 46,4 por ciento y la inflación al 40,7 interanual. La dinámica que más preocupa es la de los precios estacionales. En este segmento se encuentran productos frescos como verduras y frutas quesos, carnes, leche, entre otros. Es decir, productos esenciales para la población y que los últimos dos años casi no paró de crecer de manera interanual siendo el principal canal de presión en la tasa de inflación.

Para iniciar un proceso de desinflación, el gobierno nacional implementó: controles de cambio, Programa de Precios Cuidados y Precios Máximos, congelamiento de tarifas y regulación de las telecomunicaciones. Para la próxima etapa del combate a la inflación el gobierno se centrará en lo que ocurre con la carne, las frutas y las verduras. Todas estas políticas impactan esencialmente sobre las grandes compañías alimenticias, que se quejan de su aplicación. Funes de Rioja, presidente de la Copal, es un luchador tenaz en contra de las regulaciones y un portavoz entusiasta del libre mercado.

La pulseada con las industrias cobró más volumen desde mediados del mes pasado, cuando se anunció la creación de un registro en la Secretaría de Comercio Interior en el cual 1000 grandes empresas deberán informar mensualmente los precios de sus productos, cantidades vendidas y stocks de bienes finales e intermedios. Su objetivo es detectar desequilibrios de precios entre los eslabones de una cadena de valor, conductas especulativas ligadas a incrementos injustificados de precios, dificultades de aprovisionamiento de insumos y/o de productos finales en algún eslabón de la cadena. Las compañías deberán enviar la información requerida de forma mensual. La primera presentación deberá realizarse en abril e informaran los datos de enero, febrero y marzo de este año. El Sipre arrancará en dos etapas. En la primera, los sectores que deberán informar serán los de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza; construcción; química y agroquímica; electrónica y electrodomésticos, y muebles. En la segunda etapa, se sumarán la producción de químicos generales y metalmecánica, entre otros. Las firmas que se nieguen a brindar esa información podrán ser apercibidas en el marco de la Ley de Abastecimiento. Copal ya advirtió que haría una presentación judicial para frenarlo, argumentando que los niveles de stock es información que hace a la estrategia de la empresa y no está obligada a darla al conocimiento público.

La tensión creciente con los dueños de la comida de las argentinas y argentinos, su impugnación de las sanciones a la remarcación de precios, la reacción desaforada de quienes están obligados a informar, muestra la falta de transparencia con la que operan estos sectores de rubros de consumo masivo. El control de precios involucra una pelea que va al corazón de la estructura del poder concentrado que multiplica la pobreza y que, junto con la recomposición del empleo y del poder adquisitivo, son el gran desafío que el presidente Alberto Fernández tiene por delante.